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¿Cómo debemos combatir el desempleo juvenil ?

La tasa de jóvenes parados en España duplica el de la Unión Europea

 
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14/06/2011 El Instituto de Relaciones Laborales y Empleo (IRLE) de la Fundación Sagardoy ha presentado su primer informe `Propuesta de medidas urgentes en materia de empleo juvenil´. Juan Antonio Sagardoy Bengoechea, presidente de la Fundación Sagardoy, y Jesús R. Mercader, director de Programas de Formación e Investigación de la Fundación Sagardoy, han liderado el proyecto, que avanza las propuestas fundamentales para reducir el desempleo juvenil en España.

El informe propone una reforma legislativa, encaminada a aminorar el desempleo juvenil y a incentivar la contratación de los jóvenes por parte de los empresarios. Concretamente, proponen esta reforma en dos ámbitos de actuación: legislación laboral y seguridad social.

Renovación de la legislación laboral
El informe aboga por un cambio radical de los antiguos contratos de prácticas para la formación por un nuevo contrato de ingreso y fomento del empleo juvenil. En este aspecto, exige una clarificación del marco regulador del régimen de becas, ya que han detectado la existencia de enormes vacíos legales, lo que no hace sino fomentar el uso fraudulento de estas ayudas.

Además, propone la extensión de la duración del periodo de prueba en jóvenes, así como modificar la regulación del régimen de programas de cooperación educativa por obsoleta. En lo referente al contrato a tiempo parcial, desde el Instituto de Relaciones Laborales y Empleo proponen flexibilizar las reglas laborales y reforzar el régimen de protección social.

Asimismo, el estudio apuesta por programas de fomento para la empleabilidad de los jóvenes trabajadores. En este aspecto, proponen incluir tanto a aquellos jóvenes que no hayan completado la escolaridad obligatoria como a los que carezcan de titulación profesional. Asimismo, incluye el desarrollo de un programa de activación inmediata para determinados desempleados de entre 18 y 19 años de edad.

Con todo, el IRLE aboga por vincular la formación a las necesidades empresariales, y aprovechar así al máximo el tiempo de formación del joven trabajador. Además, considera necesario generalizar el sistema salarial de ingreso, para evitar grandes diferencias entre los empleados. Como consecuencia, propone la extensión del modelo de escalas salarias en función de la edad, en donde se valore la capacidad del trabajador.

Seguridad Social
El informe propone también medidas en materia de Seguridad Social. En primer lugar, realiza un análisis crítico de los programas de fomento del empleo como mecanismos de creación de empleo de los jóvenes y mejora de su estabilidad.

En este aspecto, considera la posibilidad de implantar bonificaciones por la contratación indefinida de jóvenes entre 16 y 30 años con problemas de empleabilidad. De igual modo, apuesta por bonificaciones del 100% de las cuotas patronal y obrera por la celebración de contratos formativos.

En segundo lugar, el IRLE orienta sus propuestas sobre la Seguridad Social en articular instrumentos que mejoren la acción protectora. Propone favorecer el acceso a las prestaciones, modulando el periodo de carencia en función de la edad del sujeto y asimilando a tiempo cotizado el periodo destinado a formación. Por último, abogan por mejorar la intensidad de la acción protectora, modificando la deficitaria protección del contrato para la formación y ampliando la edad de percepción de la pensión de orfandad.

Unión Europea
La tasa de desempleo juvenil en España duplica la tasa de la Unión Europea, superando en nuestro país el 43%. El país con menos tasa de desempleo juvenil es Holanda, con menos del 7%, muy seguida de Alemania, con un 8%. El IRLE asegura que `estos datos obligan a realizar un planteamiento de la normativa laboral y de Seguridad Social que pretende tener incidencia en el desempleo juvenil´. Para ello, se han estudiado las experiencias de otros países de la Unión Europea, buscando propuestas de reforma en esta materia.

Desde el Instituto diferencian tres modelos de referencia que están implantados en algunos países europeos. El primer de ellos es el utilizado en Francia y Luxemburgo, donde los contratos formativos están vinculados al aprendizaje, oficio o experiencia profesional. Por su parte, el implantado en Alemania y Holanda está basado en la alternancia entre trabajo y formación. Por último, en el tercer modelo, desarrollado en Inglaterra, los programas de asesoramiento individualizado para jóvenes en riesgo de exclusión social adquieren una gran importancia.
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