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28/07/2014 El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas bajó un 58,3% en los cinco primeros meses del año en comparación con el mismo periodo de 2013, hasta sumar 77.298 afectados, según datos provisionales del Ministerio de Empleo.

Las empresas inmersas en un procedimiento de regulación de empleo disminuyeron un 51% respecto al periodo enero-mayo de 2013, hasta un total de 5.943, en tanto que los expedientes se redujeron un 52%, hasta 7.078 procedimientos. Siete de cada diez afectados (71,4%) por los procedimientos registrados hasta mayo eran varones y el 28,6% restante, mujeres.

Por tipo de procedimiento, el número de trabajadores afectados por despidos colectivos descendió hasta mayo un 53,5% en tasa interanual, hasta sumar 16.634 trabajadores. Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada afectaron a 43.739 trabajadores, un 60,8% menos, en tanto que los afectados por expedientes de reducción de jornada bajaron un 55,4%, hasta los 16.925 trabajadores.

Dos de cada tres, un ERE económico
De los 77.298 trabajadores afectados por ERE hasta mayo, casi dos de cada tres, 47.232 trabajadores, se vieron envueltos en un procedimiento por causas económicas.

Dentro de este apartado, los procesos en los que las empresas alegaron pérdidas actuales afectaron a 27.167 trabajadores, mientras que la disminución del nivel de ingresos o de las ventas afectó a 9.846 empleados. La previsión de pérdidas utilizada por las empresas para justificar un ERE afectó a 442 trabajadores. Por otro lado, los trabajadores afectados por ERE de causas técnicas sumaron 888 hasta mayo, los afectados por causas organizativas totalizaron 6.949, los de producción ascendieron a 21.545 y los de fuerza mayor, a 684.

La principal novedad introducida en la reforma del mercado de trabajo en relación a los ERE es la eliminación de la autorización administrativa anteriormente exigida para proceder a la realización de despidos colectivos o de medidas de suspensión de contrato o reducción de jornada por parte del empresario.

No obstante, la nueva regulación mantiene la necesidad de que se realice un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, al tiempo que se establece la intervención de la autoridad laboral para garantizar la efectividad de dicho periodo de consultas, pero sin tener ésta carácter decisorio.

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