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10/02/2017 El sector servicios a la persona es un sector invisibilizado, desregularizado, que no cuenta con los mismos derechos que cualquier otro trabajador por cuenta ajena y con una alta presión fiscal, según datos presentados por la Asociación Española de Servicios a la Persona (AESP). Este colectivo, inmerso en la economía sumergida está integrado por un 95% de mujeres, de las cuales el 45% son inmigrantes.

Con el fin de proponer medidas que solucionen la irregularización que se plantea en el sector de servicios a las personas en España, representantes de la Comisión Europea, diferentes asociaciones, y grupos parlamentarios, se han dado cita en la jornada "Los servicios a la Persona: eje entre la Productividad, la Creación de Empleo Sostenible y la Justicia Social", organizada por la Asociación Española de Servicios a la Persona (AESP) y celebrada en la sede de la Comisión Europea.

Javier Benavente, Presidente de la AESP, ha sido el encargado de abrir el acto poniendo de relieve como todavía no hay una respuesta que permita la igualdad de oportunidades. Por ello, y porque estamos inmersos en un escenario marcado por nuevas necesidades sociales, según Benavente, "es necesario poner a disposición de todas las personas una serie de servicios asistenciales que den respuesta a ello".

Joaquín Nieto, Director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo, ha analizado la situación actual del trabajo, marcado por grandes migraciones y un estancamiento del empleo juvenil, que no va a dar respuesta a los 4 millones de jóvenes que cada año entran al mercado laboral. A su vez, Nieto destaca que el envejecimiento de la población también es clave, ya que los mayores de 65 años actualmente representan el 8%, pero en 2040 van a superar el 14%, por lo que necesitará de un gran número de servicios. Esto representa una gran oportunidad de generación de empleo y apoyo a las mujeres que integran el mercado laboral, que actualmente se da con brechas salariales, 27 puntos todavía de diferencia.

La Federación de Servicios a la Persona ha presentado el proyecto Impact, una guía destinada a ayudar a los Estados miembros a mejorar la evaluación y seguimiento de sus medidas en favor de los servicios de ayuda a las personas, así como sus efectos macroeconómicos.

Por parte de UPTA se ha resaltado la situación de precariedad en el campo de los trabajadores autónomos donde existe una guerra de precios, alto nivel de la economía sumergida y una alta presión fiscal. A su vez, ha hecho un llamamiento para que se establezcan medidas para aflorar la economía sumergida y suavizar la presión fiscal que soportan estos profesionales.

Jean-Francois Lebrun, Asesor del Director de Políticas de Empleo de la Comisión Europea; destacado en la Dirección General del Tesoro-Ministerio Francés de Finanzas y Cuentas Públicas a cargo de la evaluación de Políticas relativas a los Servicios a la Persona, ha presentado las cifras del Informe de La Dirección General del Tesoro del cual, la AESP, extrae como conclusión, que el balance para las arcas públicas de Francia en este campo de servicios -entre inversión pública y el efecto retorno- resulta equilibrado. Según AESP, no solo las ganancias de potenciar este sector se pueden dar a nivel de ingresos, sino también en términos de creaciones de empleo y bienestar social.

Paloma Vázquez la Serna, adjunta a la Secretaria General de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras-CCOO ha remarcado que, como se trata de un sector invisibilizado y desregularizado, la solución pasa por normalizar el sector, permitiendo el reconocimiento completo de los derechos de los trabajadores. Se trata de crear un marco legislativo que defina bien los contornos del sector, que ayude a aflorar empleo sumergido gracias a medidas que permitan hacer asequibles estos servicios a los usuarios, equiparando el coste de la economía sumergida al de la economía formal.

A su vez, después de las exposiciones se ha generado dos debates: uno sobre las necesidades del sector de servicios a la persona, donde han intervenido representantes de familias y consumidores, nuevas iniciativas y asociaciones sectoriales; y otro donde los representantes de los grupos parlamentarios han analizado las diferentes propuestas y enfoques sobre los puntos clave que implica el Desarrollo del sector.

En ambos, se ha destacado la necesidad de luchar contra la economía sumergida y se ha dado un amplio consenso por parte de todos los participantes en encontrar soluciones e implementar medidas que permitan el acceso a los servicios por parte de todos los usuarios, independientemente de su nivel de renta.

Dichas propuestas abarcan deducciones fiscales en el IRPF, la aplicabilidad de un IVA reducido, y desgravaciones en el impuesto de sociedades para las empresas que contribuyan con sus empleados, entre otras medidas, cuyo fin sea el de facilitar el acceso a los servicios para el consumidor final, destacando igualmente la necesidad de profesionalización del sector y agilizar los trámites que favorezcan las contrataciones.

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