dos ocasiones desde el texto refundido del ET de 1995:
una por RDLey 5/2002 y otra la arriba citada) encierra
determinadas deficiencias que han motivado un volumen
importante de litigiosidad en todos estos años; pero nos referiremos solamente (nada menos) al depósito o consignación judicial, y nos centraremos en algunas cuestiones recientemente tratadas por el Tribunal Supremo
en casación para unificación de doctrina.
1 Sólo consignar. En primer lugar, por obvio que parezca,
hay que insistir en que sólo cabe consignar judicialmente.
No sirve, por ejemplo, la transferencia bancaria del
dinero a la cuenta corriente del empleado. Así, el TS en
Sentencia de 21.03.06 (con antecedente en otra de
25.05.05), establece que la norma fija literalmente como
único método de poner la indemnización a disposición
del trabajador su depósito judicial, y expresamente dice
que la transferencia bancaria de la indemnización a la
cuenta corriente del trabajador –o su pago directo, en
este litigio–, “no sólo carece de previsión normativa, ni
siquiera indirecta o tácita, como método alternativo
de poner aquélla a disposición del trabajador, en
lugar de proceder a su depósito judicial, sino que debe
entenderse que el legislador ha querido garantizar de
esta única forma el cumplimiento de la requerida actuación
de la empresa, con certeza de su fecha y con la
concesión al trabajador de las opciones de contestar a
través del juzgado o por otro medio su aceptación
o rechazo, o no contestar, y recoger la indemnización o
mantenerla en depósito a su disposición, sin necesidad
de actuar en distintos términos y mediante alguna gestión
bancaria”. La grave consecuencia aparejada es que
se considera incorrecta la actuación empresarial, y se
condena al pago de salarios de tramitación sin las limitaciones del art. 65.2 ET.
2 Lugar de la consignación. La STS de 24.01.07 trató esta cuestión, y observó que se cumple el presupuesto de contradicción entre las dos sentencias allí traídas, cuya lectura se recomienda vivamente, porque ante supuestos análogos, mientras en la de contraste se entiende que se cumple con lo preceptuado en el artículo 56.2 del estatuto de los trabajadores al realizar la consignación en el domicilio de la empresa, la conclusión de la sentencia combatida es contraria, dado que estima como juzgado competente no el del domicilio en donde radica la empresa, sino el del lugar
del cumplimiento del contrato de trabajo y del domicilio
del trabajador, pues en ambos supuestos lo que se discute es, precisamente, la eficacia de la consignación en la localidad en donde la empresa tiene su domicilio. Sin embargo, el TS continúa diciendo que, aunque se aprecia la contradicción, el recurso no puede ser estimado por falta de contenido casacional, por razones que exceden este espacio, de suerte que finalmente no entra a unificar doctrina y se limita a constatar la disparidad.
3 Errores en la cuantía de la consignación. Hace tiempo
que se superaron interpretaciones rigoristas y cerradas
de la norma, según las cuales sólo sería efectiva una
consignación de total equivalencia con el importe de la
indemnización (STS 24.04.2000 rechaza de plano estos
planteamientos). El Alto Tribunal nos dice que el criterio
de la buena fe debe presidir el entendimiento y la aplicación del precepto, por lo que cuando el empresario
cometa un error de cálculo que pueda calificarse como
excusable, deben aceptarse las consecuencias que el ET
hace derivar del ofrecimiento y la consignación. Esta
doctrina es reiterada por la de 19 de junio de 2003 (recurso número 3673/2002), en la que se precisa que “los
datos que permiten calificar un error de consignación
como excusable o no pueden variar de un supuesto
a otro, y habrán de ser ponderados en cada caso. Un
indicio de error excusable (...) es la escasa cuantía de la
diferencia entre lo consignado y lo debido consignar;
diferencia achacable, en ocasiones, a error de cuenta,
cuya probabilidad se acrecienta por la complejidad de la
estructura retributiva en
algunas empresas.
 | Durante los periodos en los que
el trabajador esté de baja no
se devengan salarios de tramitación | |
Otro indicio de error excusable (...) es la coincidencia
del cálculo de la empresa de la cantidad a consignar con el efectuado por el Juez de lo Social en la sentencia de instancia (...). En fin, la sentencia de esta sala de 11 de noviembre de 1998 señala otra causa de error de consignación insuficiente excusable, que es la dificultad “jurídica” del cálculo de las indemnizaciones
en supuestos en que los conceptos o elementos a computar en las mismas puedan dar lugar a una “discrepancia
razonable”. En tal caso, se encarga de precisar esta última sentencia, el error no invalidará el efecto
interruptivo de los salarios de tramitación, pero deberá
ser corregido mediante el abono de la diferencia que
finalmente resulte. Hay que precisar que esta doctrina
se fijó para la legislación vigente con anterioridad al
Real Decreto Ley 5/2002 y a la Ley 45/2002, pero es perfectamente aplicable a la regulación de los salarios de
tramitación resultante de esta última. El resultado práctico es que, inevitablemente, se desemboca en el casuismo, y así, una diferencia, verbi gratia, de 300 euros puede ser relevante, y no serlo, en cambio, una de 3.000 euros, ya que se han de valorar conjuntamente lo que el Alto Tribunal denomina “indicios” de error excusable.
Dejando a un lado los casos de evidente malicia en la
insuficiencia de la consignación, tampoco son excusables
la culpa o la ignorancia (STSJ P. Vasco, 25.11.03), o
cuando la empresa no incluyó en la base de cálculo la
retribución en especie consistente en vehículo (STSJ
Cantabria 05.03.04), o cuando no consideró la fecha
correcta de antigüedad ante la sucesión de contratos no
interrumpida por más de 20 días hábiles (STSJ Andalucía,
Sala Sevilla 02.01.07), o cuando la indemnización es
inferior a la que correspondería por convenio (STSJ P.
Vasco 30.01.07), o cuando la empresa consignó la
indemnización sin incluir los salarios de tramitación
correspondientes a los días excedidos de las 48 horas
(STS 21.09.06).
4 IT. Finalmente, recordar que durante los periodos en que el trabajador se encuentre en situación de incapacidad temporal, no se devengan salarios de tramitación, conforme a consolidada jurisprudencia.
