Revista digital
El sector > 09/09/2020

Los colectivos más desfavorecidos en la etapa post-Covid-19

Juan García Caja director de Personas y Talento de Grupo SIFU

El decreto del Estado de Alarma que entró en vigor tras ser declarada la pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) provocó que el Gobierno central dictara una serie de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social que el Covid-19 está teniendo en nuestro país. Medidas que han tenido que ser completadas por otras complementarias para tratar de atenuar las consecuencias de la pandemia, sobre todo, en el colectivo de las personas trabajadoras en el ámbito laboral.

España se ha convertido en uno de los países más afectados y las cifras recogidas hasta la fecha describen un escenario de crisis que pone de manifiesto una situación de emergencia sanitaria, pero también, de emergencia económica y social. Esta crisis va a tener importantes repercusiones a nivel laboral y social, pero, sobre todo, va a afectar especialmente a los colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión social.

Esta situación, novedosa y altamente cambiante, requiere más que nunca de una coordinación estrecha entre los servicios sanitarios y los servicios sociales para garantizar la cobertura y protección de estos colectivos que, por otra parte, son los que mayor atención requieren y que, muchas veces, dependen de las aportaciones realizadas por empresas y asociaciones más que de los organismos gubernamentales.

Por ello, es de vital importancia que el Gobierno central se coordine con los autonómicos para impulsar medidas de protección dirigidas a asegurar la salud, el bienestar y el trabajo del conjunto de la ciudadanía, pero, muy especialmente, de aquellos colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y, por lo tanto, en riesgo de exclusión social y laboral.

 

Personas en riesgo de exclusión

Los colectivos en riesgo de exclusión social ya eran, antes del Covid-19, colectivos con especiales dificultades sobre los que aplicar políticas de empleo activas y eficientes para garantizar el acceso al mercado laboral y fomentar su desarrollo personal mediante políticas activas de empleabilidad.

A raíz del Covid-19, este apoyo se ha convertido en una necesidad básica para estos colectivos y, por lo tanto, el Gobierno central y los autonómicos deben adoptar medidas de protección social adicionales para garantizar que puedan continuar recibiendo apoyo durante la salida de toda esta crisis. Algunas de estas medidas deben dar solución a las necesidades financieras necesarias que reduzcan el riesgo de que determinados colectivos, como el de las personas con discapacidad y sus familias, puedan sufrir una mayor vulnerabilidad o pobreza mientras se trabaja en políticas que ayuden a su empleabilidad e inserción en el ámbito laboral.

Pero, además, hay que tener en cuenta que algunas medidas de contención como el distanciamiento social y/o el autoaislamiento para evitar la propagación del virus pueden resultar imposibles para quienes dependen de un tercero para necesidades básicas como comer, vestirse o ir al baño. En el caso de las personas con discapacidad, existen otros factores como problemas médicos que hacen que la enfermedad sea aún más peligrosa para este colectivo y, por ello, es importante, hacer un llamamiento a nivel institucional para que se actúe de inmediato y se atienda a las necesidades específicas de este colectivo para que se proteja su salud, seguridad, dignidad y se apliquen políticas laborales destinadas a salvaguardar sus puestos de trabajo o la creación de nuevas oportunidades.

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