El canal de denuncias interno, el nuevo guardián laboral

Esta nueva exigencia laboral deriva de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, con la que España incorporó a su ordenamiento jurídico la Directiva 2019/1937 de la Unión Europea, más conocida como “Directiva Whistleblowing”. Esta norma europea, en vigor desde el 16 de diciembre de 2019, establece la obligación de activar una vía de denuncia de malas prácticas laborales en empresas de más 50 trabajadores. Los Estados miembros tenían de plazo hasta el 17 de diciembre de 2021 para transponerla; en 2022, la Unión Europea expedientó a España, junto a otros 23 países, por no haberlo hecho.

La necesidad de promover una legislación que proteja al ciudadano en la lucha contra la corrupción se pone de manifiesto ante datos como los que revela el último informe de Transparencia Internacional, en el que España ha empeorado su situación en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC): actualmente, ocupa la posición 35 de los 180 países del ranking global, situándose junto a Botswana, Cabo Verde y San Vicente y las Granadinas; y el puesto 14 entre los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Además, España ha descendido un puesto respecto a 2021 y tres con respecto 2020, lo que refleja una leve tendencia negativa y la necesidad de mejorar en la prevención y la lucha contra la corrupción. Aunque este índice evalúa únicamente el sector público, ofrece una imagen extrapolable respecto a la percepción del nivel de corrupción en todos los ámbitos.

Parte fundamental de la directiva es garantizar la confidencialidad del denunciante, algo que un software especializado puede facilitar

Conductas éticas

Con la transposición definitiva de la “Directiva Whistleblowing”, España se compromete a proteger a las personas que evidencien malas prácticas o irregularidades en el trabajo con el fin de garantizar que las denuncias beneficien a la sociedad en su conjunto, promoviendo la implantación de conductas éticas más allá del compliance o los códigos internos de buenas prácticas de cada empresa.

La directiva europea pretende ofrecer seguridad y protección a los denunciantes para descubrir las malas prácticas y poder denunciarlas y paralizarlas. Por este motivo, resulta necesario adaptarse cuanto antes a la normativa y dotarse de los mecanismos más adecuados para llevarla a cabo de forma efectiva.

Herramientas para la gestión del whistleblowing

La normativa europea no hace requerimientos específicos a las empresas para la gestión de las denuncias, pero sí que las obliga a crear un canal de comunicación y a investigar y resolver en menos de tres meses los casos que se presenten. Además, la parte fundamental de esta directiva consiste en garantizar la confidencialidad del denunciante, un elemento clave para el ciudadano; y también obliga a trasladar acuse de recibo, la gestión de la denuncia de forma imparcial y su registro y archivo posterior. En este sentido, la gestión del whistleblowing a través de un software puede facilitar en gran medida la labor de las empresas, ya que garantiza una gestión centralizada de las denuncias, el anonimato y un registro mínimo de todas las comunicaciones realizadas por los empleados, así como el estado de cada petición. Es decir, las empresas pueden optar por mantener un canal de comunicación manual con los empleados (correo electrónico), pero este no garantiza la confidencialidad del denunciante ni automatiza las tareas de investigación, seguimiento y resolución de los conflictos, por lo que resulta recomendable la utilización de un software que integre el canal de denuncias para la mejor gestión de lo que establece esta normativa.

La relevancia de esta legislación para luchar contra la corrupción y fortalecer la transparencia tanto en el sector público como privado es evidente. Activar los canales de denuncias en las empresas garantizando la confidencialidad de los usuarios y protegiendo las filtraciones se convierte en una gran medida contra las malas prácticas laborales, más allá del compliance y los códigos éticos vigentes actualmente en las empresas.