A vueltas con las pensiones, ¿lograremos garantizar la sostenibilidad del sistema?

De la importancia de este pilar, nació el denominado Pacto de Toledo, cuyo fin es analizar los problemas estructurales del sistema de Seguridad Social y de las principales reformas que habrán de acometerse. Pues bien, 27 años después de la creación de dicha comisión parlamentaria, estos problemas estructurales se han ido estudiando y poniendo encima de la mesa a lo largo del tiempo. Sin embargo, ¿habremos dado en la clave con las principales reformas necesarias para su sostenibilidad?

Desde que empecé a trabajar en el mundo de la consultoría de previsión social, hace diez años, he ido experimentando la aprobación de varias reformas, una en 2011 y otra posterior en 2013, dado al aumento paulatino, pero evidente, de la fragilidad del sistema público de pensiones. No obstante, también es evidente que las medidas adoptadas en estas reformas (tales como retrasar la edad de jubilación o endurecer los requisitos de cotización para poder cobrar la pensión máxima) no han resultado del todo eficaces, sino más bien una especie de “venda” ante la debilidad del sistema.

Falta de adaptación

Nuestro actual sistema de pensiones es heredero directo del que se estableció en los años 60 del siglo pasado. Han pasado más de 60 años desde entonces sin que los importantes cambios sociales, demográficos o económicos que han tenido lugar durante todo este tiempo lleguen a trasladarse, en consecuencia, al sistema de pensiones. Todo el mundo ha escuchado hablar de la “hucha de las pensiones”; el problema de la demografía española (nuestro país figura como el primer país de la Unión Europea con mayor esperanza y calidad de vida, según fuentes del Instituto Nacional de Estadística y de la Organización Mundial de la Salud), cuyo envejecimiento de la población hace que el número de pensionistas no pare de crecer, y lo hace a un ritmo mayor que el de cotizantes; o la creación de empleos temporales y con salarios más bajos, lo cual supone menos cotizaciones. Todo esto conduce a un sistema con un gran volumen de gastos y pocos ingresos.

A veces, incluso llegamos a hablar de lo que se conoce como la “equidad actuarial” o “sostenibilidad actuarial”. Es decir, aquella que podría garantizar la coherencia entre el total de lo que aporta cada individuo al sistema de pensiones durante su vida laboral y lo que recibe del mismo tras acceder a la jubilación.

El sistema tiene importantes problemas de falta de equidad contributiva, ya que no hay una relación estrecha entre las aportaciones realizadas al sistema y las prestaciones pagadas por él.

Reformas

En medio de todo este contexto, comenzamos un nuevo año de la mano de una nueva reforma de la Seguridad Social y, en términos generales, del sistema público de pensiones, cuyas medidas más relevantes han sido, entre otras:

• el aumento de las bases y de las pensiones máximas,
• el refuerzo a los sistemas de pensiones de empleo (pero no tanto a los planes de pensiones individuales),
• la mejora de las pensiones de discapacidad,
• el aumento del periodo de cálculo de las pensiones (pasando de tener en cuenta los 24 últimos años de vida laboral a los últimos 25 años para 2022; y se pretende extender este periodo de cálculo hasta alcanzar los 35 años)
• o la creación de una Agencia Estatal de Seguridad Social que dote de una labor más eficiente al sistema.

Así, la primera de las medidas que trae la “reforma Escrivá” tiene como principal objetivo garantizar el poder adquisitivo de pensionistas y jubilados. Para conseguirlo, la revalorización anual de estas pensiones o pagas públicas se realizará conforme a la inflación media anual registrada en el mes de noviembre del año anterior. En el caso de que se produzca un año de IPC negativo, las pensiones quedarán inalteradas. De esta forma, la nueva medida implica que el sistema público asumirá el riesgo de inflación, ya que la evolución del IPC es impredecible.

Han pasado más de 60 años sin que los importantes cambios sociales, demográficos o económicos que han tenido lugar lleguen a trasladarse al sistema de pensiones

Asimismo, aunque parece una medida socialmente protectora, el elevado coste que puede suponer para el sistema hace cuestionar su sostenibilidad en el tiempo. Por otro lado, el hecho de que no se tengan en cuenta evoluciones negativas del IPC puede conducir a que este coste sea aún mayor.

Pongamos un ejemplo para que se entienda mejor:

• El IPC medio anual en noviembre del pasado 2021 ha sido del 2,5 %, por lo que en 2022 se han revalorizado las pensiones contributivas al 2,5 %
• Imaginemos que en noviembre 2022 el IPC medio anual es de un 3 %, las pensiones se revalorizarán en 2023 al 3 %.
• Imaginemos ahora que en 2023 el IPC medio anual cae y tenemos una inflación negativa del -1 %. En 2024 las pensiones permanecerían intactas, es decir, se revalorizarían al 0 % y, por lo tanto, no perderían poder adquisitivo.

Del ejemplo anterior se deduce que, en esos tres años, los precios crecerían a un porcentaje acumulado menor que el crecimiento acumulado experimentado por las pensiones, pues en años de caída de la inflación las pensiones permanecen inalteradas. Por lo tanto, se trata de una medida positiva para los pensionistas (ya que sus pensiones crecerían más que el coste de la vida), pero no tanto para la sostenibilidad financiera del sistema, que deberá compensarse por otras vías.

Las organizaciones han de adoptar un papel clave y necesario en este proceso generalizado de concienciación y planificación financiera a la jubilación de sus empleados

Si tenemos en cuenta la planificación financiera individual, quizás esta nueva medida puede mejorar las previsiones y las estimaciones actuales de la ratio de sustitución. Es decir, el porcentaje que representa la cuantía de la pensión de jubilación a percibir sobre el último salario que venía percibiendo el pensionista en el momento de acceso a la jubilación. Sin embargo, esto no quiere decir que no sea necesario que el Gobierno siga adoptando nuevas medidas (y, probablemente, nuevas reformas) para reducir el déficit existente del sistema y poder hacer frente al pago de las pensiones futuras, así como medidas para fomentar el ahorro privado a través de sistemas de ahorro a la jubilación (ya sean planes de pensiones individuales o de empleo) que complementen a las pensiones públicas.

Papel de las organizaciones

Adicionalmente, y en línea con el fomento del ahorro privado, existe la necesidad de aumentar el grado de concienciación entre las generaciones más jóvenes acerca de su planificación financiera a la jubilación. Parece ser algo lejano y la mayoría puede pensar que ya habrá tiempo para planificaciones, pero, en medio de todo este contexto, cuanto antes empecemos a planificar nuestra jubilación, menores serán los “imprevistos” o “sorpresas” que podamos encontrar.

Asimismo, en este contexto, las organizaciones han de adoptar un papel clave y necesario en este proceso generalizado de concienciación y planificación financiera a la jubilación de sus empleados. Para ello, es necesario fomentar los denominados sistemas de previsión social empresarial a través de fórmulas como la implantación de sistemas de retribución flexible, la adscripción automática al plan o el matching (es decir, si el empleado aporta una cuantía, la compañía duplica o triplica la aportación del empleado, por ejemplo). Pero también son necesarias otras fórmulas, quizás más innovadoras, que las organizaciones han de empezar a considerar y poner en marcha para incentivar el ahorro a jubilación de sus empleados, tales como el desarrollo de acciones de comunicación y de programas de bienestar financiero, poner al alcance de todos los empleados herramientas como simuladores de su situación económica a jubilación, o el acompañamiento a los trabajadores a través de todo su ciclo laboral. El objetivo es crear esa concienciación entre la plantilla y ayudar a una planificación financiera ordenada que permita alcanzar sus objetivos financieros a corto, medio y largo plazo.

Para terminar, y después de todas estas reformas del sistema de Seguridad Social, la de 2011, 2013 y la recién “reforma Escrivá”, me viene a la cabeza la siguiente pregunta: ¿daremos con la receta clave a través de la cual se logre garantizar que las pensiones públicas de las generaciones venideras no sean más bajas que las actuales? Es decir, ¿lograremos garantizar la sostenibilidad del sistema?