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El Gobierno incentivará que los jubilados puedan seguir trabajando

El Ministerio de Trabajo presentará la nueva reforma de la Seguridad Social en octubre

 
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10/09/2012 A principios de octubre está previsto que la ministra Báñez presente la nueva reforma de la Seguridad Social en la Comisión del Pacto de Toledo. Los jubilados, que en estos momentos son más de 5,3 millones dentro del nivel contributivo, podrán compatibilizar el cobro de la prestación con el trabajo de activo.

Ahora ya es legal pero el Ministerio pretende incentivar esa práctica mediante bonificaciones. Según fuentes oficiales la compatibilización tiene doble ventaja: por un lado, el jubilado aumenta sus ingresos, y por el otro, el Estado se beneficia de la doble cotización, a través de Hacienda y de la Seguridad Social.

Según informa El Confidencial, en el Ministerio de Empleo están convencidos de que el actual esquema de jubilación flexible no ha dado los resultados buscados, y, de hecho, en 2011 la jubilación parcial continúa descendiendo, hasta el extremo de representar tan sólo el 9,4% de las altas de la Seguridad Social. En concreto, 25.877 jubilados compatibilizan su pensión con un trabajo a tiempo parcial, la cifra más baja desde 2005.

La actual legislación obliga al jubilado a tener una edad mínima de 61 años para la compatibilización. Además, la antigüedad requerida en la empresa son seis años, el porcentaje de jornada que han de realizar es del 25% como mínimo y el período de cotización exigido es de 30 años. Unos condicionantes demasiado exigentes que, en opinión, del Ministerio de Empleo hay que flexibilizar.

Hoy por hoy, el Gobierno descarta acelerar el periodo transitorio establecido para que los trabajadores en activo se jubilen a los 67 años, y que, según lo previsto, culminará en 2027. De hecho, entre sus líneas rojas, se contempla la posibilidad de retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años.

Lo que si se hará es adelantar la aplicación del llamado “factor de sostenibilidad”, que supone adecuar la edad de jubilación a factores demográficos y económicos. La actual legislación retrasa su entrada en vigor a 2027, con revisiones cada cinco años.
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