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La cotización de los becarios puede colapsar el sistema educativo según ACADE

La falta de ofertas de prácticas puede dificultar la titulación de alumnos

 
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08/02/2019 2018 se cerró con la aprobación de un real decreto que, además de revalorizar las pensiones públicas, contenía una disposición adicional por la que se obliga a las empresas a incorporar al régimen general de la Seguridad Social a los estudiantes que realizan prácticas, aunque estas no sean remuneradas. Una disposición que, según la Asociación Española de Centros Privados de Enseñanza (ACADE), puede llevar al colapso del sistema educativo español.

La aprobación del Real Decreto-Ley 28/2018 y, en concreto, la obligación de que las empresas incluyan al régimen general de la Seguridad Social a sus becarios, no ha sido bien recibida en el ámbito educativo, donde varias instituciones ya han transmitido sus dudas y preocupaciones sobre la nueva normativa. Así, de hecho, lo ha manifestado la Asociación Española de Centros Privados de Enseñanza (ACADE), que a través de un comunicado ha alertado sobre las consecuencias de obligar a las empresas a cotizar a la Seguridad Social por los alumnos en prácticas que acojan, aunque estas no sean remuneradas.

En este sentido, hasta ahora, las empresas solo debían dar de alta en la Seguridad Social a aquellos jóvenes estudiantes en prácticas que sí cobraban algún tipo de retribución económica, tanto si las prácticas eran extracurriculares como si formaban parte del plan de estudios y, por tanto, estaban bonificadas al 100%. Sin embargo, la nueva medida contemplada en el Real Decreto-Ley, no solo no recoge esta distinción, sino que no consta ninguna bonificación.

Según ACADE, la normativa “dificulta el actual modelo de colaboración entre las instituciones educativas que imparten enseñanza de Formación Profesional y Universitaria y las empresas, que en una gran mayoría de las ocasiones acogen alumnos de manera desinteresada, invirtiendo tiempo en formarles y medios materiales en proporcionarles un lugar de trabajo”.

Asimismo, la Asociación prevé que muchas empresas dejarán de ofertar plazas de prácticas, “algo que incluso puede poner en peligro la posibilidad de que los alumnos completen sus estudios y obtenga su título”. Esto es así debido a que si al final, el gasto no recae en las empresas (situación que generaría una disminución de la oferta de prácticas), y lo hace en las universidades, la consecuencia inmediata sería el encarecimiento de las titulaciones, lo cual puede ser insostenible para algunos jóvenes, que pueden terminar por abandonar su formación. Una teoría que también comparten desde la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE).

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