Revista digital
TRIBUNA
septiembre 2018

Formar de espaldas a la realidad

Eloy Capellán Nadal,
Director del Sector Público de Adecco Training (Grupo Adecco)

 
Eloy Capellán Nadal“Formar de espaldas a la realidad” se titulaba, de forma sugerente, un revelador reportaje que, escrito metafóricamente años atrás, ponía de relieve la persistencia de un modelo de escuela que “educaba” – el profesor o la maestra, escribiendo en la pizarra la lección que tocaba- de espaldas a la realidad, sin considerar las características, necesidades o intereses de los alumnos a los que formaba.
Y este título me ha vuelto a la mente al preparar esta reflexión sobre el modo en que se conciben y ejecutan las políticas activas de empleo de nuestro país, es decir, el conjunto de servicios y programas de orientación, empleo y formación profesional para el empleo dirigidas a

i) mejorar las posibilidades de acceso al empleo de las personas desempleadas,
ii) el mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas y
iii) el fomento del espíritu empresarial y de la economía social.

En los últimos años estamos asistiendo a un cambio drástico y sin precedentes del mundo del trabajo que cada vez guarda menos semejanzas con aquel que hemos conocido hasta fechas relativamente recientes. Sin embargo, las administraciones responsables de las políticas activas de empleo y los programas que promueven siguen enclavados en modos y modelos que no responden a los desafíos del presente.

Así, asistimos a la desaparición de un buen número de ocupaciones y al surgimiento de otras nuevas, ni remotamente imaginadas hasta hace apenas unos años. Vemos cómo cobran mayor relevancia para el desempeño profesional la actitud y las competencias, muchas de ellas de carácter transversal, en detrimento de la titulación académica, que cada vez más pierde su carácter determinante y habilitador para trabajar. Nos organizamos para trabajar de modo diferente: predominan los modelos colaborativos que difuminan las jerarquías, los procesos se simplifican y digitalizan y la tecnología favorece el teletrabajo y la deslocalización. Cambian también los modelos relacionales, evidenciándose una progresiva y creciente tendencia a la reducción de empleados (contratación laboral) y al desarrollo de relaciones con profesionales freelance (colaboración mercantil).

Este entorno irremediablemente cambiante – en modelos de generación de valor, conocimientos y competencias requeridos, modos de trabajar y esquemas de relación- exigirá que los trabajadores debamos preocuparnos de mejorar nuestra empleabilidad durante toda nuestra vida laboral, formándonos y adaptándonos a los cambios al ritmo adecuado y seguramente propiciará una agudización de la crisis de talento, lo que hará que se eleven las retribuciones de los trabajadores con competencias más demandadas y se desplomen los de aquellos que desempeñan ocupaciones que requieren menos cualificación.

Frente a este contexto tan desafiante, entristece constatar cómo las administraciones con competencias en la materia mantienen sus viejos modos de hacer, ajenas al cambio y actuando como si éste no fuera con ellas. Y, desgraciadamente, es mucho lo que está en juego, porque no se trata de un asunto menor.

Si no damos la batalla de la adaptación de nuestra fuerza laboral a los cambios en el mundo del trabajo, estaremos atentando contra los fundamentos mismos que sustentan un sistema, el de bienestar, que sólo puede funcionar en la medida en que sus miembros y beneficiarios contribuyen a sostenerlo mediante la generación de riqueza colectiva por medio del trabajo productivo y se tiende una red de protección social por medio de las cotizaciones sociales y el pago de impuestos.

En efecto, en un contexto de talento escaso y/o poco adaptado, las empresas perderían su capacidad de competir y, con ello, de generar riqueza y empleo. Los profesionales y trabajadores perderían puestos de trabajo y clientes y el mercado interno se haría más pequeño para todos. El sentido de pertenencia y la cohesión social se erosionarían gravemente y se abonaría el malestar social si crecientes colectivos sociales no pueden incorporarse al mercado de trabajo, se mantienen en él en condiciones precarias o son expulsados del mismo por un desajuste entre lo que ellos ofrecen y lo que demanda el mercado. Las redes de protección social se resentirían como consecuencia del incremento de la demanda de prestaciones y subsidios y la reducción de la base de cotizantes y contribuyentes y del importe recaudado.

¿Qué aspectos deberían cambiar en el modo de concebir y ejecutar las políticas activas de empleo en nuestro país? A nuestro juicio, y compartiendo al diagnóstico de algunos prestigiosos investigadores, algunas de los cambios necesarios son los siguientes:


- Profundizar y democratizar el análisis de la realidad del mercado de trabajo

En nuestro país existe una ingente cantidad de información útil para conocer el mercado de trabajo, sus características y dinámicas, que es custodiada y explotada prácticamente en exclusiva por las Administraciones Públicas con competencia en la materia. Es crucial integrar las distintas fuentes de información, recoger nuevos datos y producir nuevas estadísticas más relevantes, para comprender la evolución y el dinamismo del mercado de trabajo. Al mismo tiempo, es también determinante favorecer el acceso de los operadores del mercado y a la comunidad investigadora a los microdatos, con el objeto de generar un conjunto de evidencias más rico que el actual, proporcionando nuevos elementos de juicio para el diseño de políticas y programas de empleo.


- Dejar de mirar al pasado y diseñar futuros

El diseño de futuros es una metodología de la inteligencia prospectiva, sustentado sobre el “design thinking” y el análisis de tendencias que defiende el interés de observar y procesar las señales tempranas para, con ellas, imaginar y definir los escenarios de lo que se acerca. La construcción de escenarios de futuros pertinentes hace mucho más fácil prever y adaptarse a las transformaciones por venir.

Por el contrario, las Administraciones Públicas siguen planificando en virtud de información histórica (del pasado), impulsando la formación en contenidos establecidos en un repertorio o fichero predefinido de especialidades diseñadas hace más de una década [certificados de profesionalidad] y, en muchos casos, desvinculados de las necesidades de empresas y trabajadores. A nuestro juicio, es imprescindible diseñar futuros del mercado de trabajo para poder anticiparnos al cambio.


- Poner en el centro de las políticas al destinatario de las mismas, y no a su administrador

El contexto de austeridad presupuestaria y algunos escándalos de corrupción propiciaron que el Estado y las Comunidades Autónomas intentaran un control más exhaustivo de la inversión pública en políticas activas, principalmente en lo concerniente a los programas de formación.

El objetivo, loable en sí mismo, se pervirtió por el modo concreto de implementarlo. El foco obsesivo en el control y el régimen sancionador promovió la implantación de un modelo rígido e inoperante concebido más para simplificar el control por parte de una administración perezosa que para favorecer la puesta en marcha de iniciativas formativas útiles por parte de los operadores (empresas y organizaciones, entidades de formación). Se ha llegado a tal grado de formalismo e inoperancia, que las Administraciones parecen actuar inspiradas por la máxima “para acabar con la piratería; prohibamos la navegación”.

En un entorno en el que las organizaciones y los ciudadanos interactúan tratando de maximizar la aportación de valor y dejar huella mediante la experiencia de cliente, la Administración Pública no puede seguir siendo un “mundo paralelo” absorto en su propia lógica administrativa. Si las organizaciones y los ciudadanos demandan fácil acceso a los servicios públicos, simplicidad de los trámites, flexibilidad, personalización, bajos costes de oportunidad y utilidad de servicio, la administración, que está al servicio de ellos, debe orientarse a brindarlos eficazmente.


- Priorizar la eficacia, sin renunciar a la eficiencia

Buena parte de la inversión en materia de políticas activas de empleo se decide en base de criterios o juicios de valor apriorísticos, con frecuencia no contrastados con evidencia empírica. Buena muestra de ello es la ingente cantidad de recursos cuya inversión se anuncia a bombo y platillo cuando se presentan los presupuestos y que, ejercicio tras ejercicio, quedan infra-ejecutados en proporciones que deberían sonrojar a más de uno.

¿Alguien es capaz de clarificar, sólo por poner un ejemplo, cuánto dinero del fondo de Garantía Juvenil ha sido realmente ejecutado? O ¿qué programas de los financiados han obtenido mejores resultados? O, en lugar de rendir cuentas mediante la cifra de personas beneficiarias, ¿nos puede aclarar los impactos concretos en términos de generación de empleo y caracterización del mismo? ¿Con qué criterios, si no hay respuesta a estas preguntas, se van a invertir los fondos remanentes en los próximos ejercicios?

Se hace necesario implantar una cultura de políticas basadas en la evidencia, como ya se está implantando en países del ámbito anglosajón.
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