Revista digital
TRIBUNA
abril 2004

La reforma de la formación profesional en España

José Luis Carlés,
director del Área Estudios y Proyectos de CESI COFOR, S.A.

 
José Luis CarlésLa presente colaboración esboza algunos elementos de reflexión acerca de la situación que presenta la aplicación en España de estrategias para el aprendizaje permanente, en el marco de la denominada Estrategia Europea por el Empleo, (en adelante EEE), en un momento en el que, desde la Unión Europea, se está impulsando una nueva fase más operativa y centrada no exclusivamente en el objetivo del pleno empleo, sino también en la mejora de la calidad del empleo y la cohesión e inclusión social
En este sentido, si tuviéramos que extraer una conclusión general del perfil y resultados de las reformas en materia de políticas de formación y empleo que se han seguido en nuestro país, ésta sería que, si bien las reformas emprendidas para modernizar y adaptar el sistema de formación profesional constituyen una respuesta tardía pero coherente con el compromiso de avanzar hacia el espacio europeo del aprendizaje permanente, sin embargo, su efectividad a medio plazo puede resultar difusa e incierta, debido a que la contribución de España al desarrollo de la EEE ha cifrado sus éxitos en un enfoque incrementalista de la política de empleo, que adolece de esfuerzos sustantivos para cumplir con las metas de calidad en el empleo y productividad.

Por una parte, en el ámbito de los sistemas de formación se está viviendo en nuestro país un proceso de reformas muy importante con el que se pretende conseguir un sistema integrado, adaptado a las cambiantes demandas del mercado laboral y dotado de rigor, coherencia y unidad para armonizar parámetros de planificación, gestión, desarrollo y reconocimiento de las diversas ofertas de títulos y cualificaciones, tanto a nivel regional como a escala europea, de modo que se pueda ofrecer a los individuos posibilidades de formación y cualificación amplias y permanentes.

Entre los hitos fundamentales que han marcado este proceso de cambio cabe destacar la Ley Orgánica de Universidades del año 2001, la cual establece entre sus objetivos la necesidad de adaptar el sistema de enseñanza superior a las necesidades productivas, científicas y tecnológicas, y la promulgación de la Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional, que marca un hito de cambio especialmente significativo, pues desarrolla la creación del Sistema nacional de cualificaciones y formación profesional. Estre proyecto tiene como fines primordiales facilitar la integración de los tres subsistemas de formación profesional existentes (reglada, ocupacional y continua) y constituir una oferta homogénea de formación profesional. Se pretende crear un mejor ajuste entre formación profesional y empleo y facilitar la formación a lo largo de la vida.

Por tanto, podemos decir después de muchos años, quizás demasiados, diseñando, consensuando y renovando el sistema de formación profesional, desde el punto de vista de los dispositivos normativos del sistema de formación “se han realizado los deberes”, en la medida en que se ha consolidado una estrategia coherente con la consecución del espacio europeo de aprendizaje permanente, se han aprobado los instrumentos normativos básicos y se ha comprometido un programa de aplicación coherente para los próximos años. Ahora bien, la cuestión que surge inmediatamente es la correspondencia entre el alcance y la propia orientación estratégica del cambio en nuestro modelo de formación con relación a los objetivos, prioridades y resultados que han presidido el enfoque de la política de empleo en España en los últimos años; situación que, en una primera aproximación revela la exigencia de un esfuerzo de convergencia muy importante para que las reformas en materia de políticas de formación funcionen de forma ágil, transparente y adecuada a las diversas realidades sectoriales y territoriales, con la responsabilidad y rapidez que la dinámica cambiante de la situación económica, empresarial y social nos demanda.Sin embargo, se plantean aún importantes problemas relativos al nivel de calidad del empleo que, como acredita un reciente informe de la Comisión Europea, todavía se debe realizar importantes esfuerzos para estar a la altura de los países que ofrecen mejores resultados en cuanto a los parámetros que definen la calidad en el empleo (desarrollo de nuevos empleos intensivos en tecnología, nivel de cualificación y formación, igualdad entre hombres y mujeres, salud y seguridad en el trabajo, flexibilidad para las empresas, organización del trabajo y conciliación entre la vida profesional y la vida privada, diálogo social y participación de los trabajadores, rendimiento y productividad).

En este sentido, a modo de conclusión debemos señalar que, si bien es del todo imposible valorar con rigor las nuevas perspectivas y posibilidades que abre, en una dirección renovadora, el nuevo marco de formación profesional, lo que si puede se debe apuntar es la necesidad de avanzar decididamente en dos direcciones: por una parte, impulsar una adecuada interrelación entre las diferentes actuaciones políticas adoptadas por las Administraciones competentes a nivel estatal y regional en colaboración con el mundo empresarial; por otra, desarrollar con mayor énfasis reformas y medidas para mejorar la calidad del empleo y la productividad mediante un enfoque global que aúna políticas macroeconómicas, de inversión en I+D+I, educación y formación, modernización de los sistemas de protección social, seguridad en el trabajo, gestión de la inmigración, la igualdad de oportunidades laborales, etc.

En último término, si las estrategias que marquen en el futuro las políticas de formación y empleo tienen que ser coherentes, integradas y operativas, la coordinación y complementariedad entre los distintos agentes públicos (Administración del Estado) y privados (organizaciones empresariales, agentes sociales, organismos de formación, etc.) que intervienen en el sistema de formación profesional resulta igualmente crucial si no se quiere correr el riesgo de perder virtualidad práctica y rentabilidad en las reformas y en los objetivos que se persiguen. Éste debe ser el desafío de la nueva estrategia de formación y empleo.
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