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TRIBUNA
julio 2018

La nueva gestión pública: Cinco enfoques del sector privado necesarios en el ámbito administrativo

Francisco José Fernández Romero,
Socio y director en Sevilla de Despacho Cremades-Calvo Sotelo

 
Francisco José Fernández RomeroLa nueva gestión pública busca la formación de una administración conectada con los retos sociales, orientada a las necesidades reales de los ciudadanos, permitiendo la entrada de engranajes de competencia y, a su vez, un servicio de mayor rentabilidad y calidad. Todo esto acompañado de sistemas de control que ofrezcan una total transparencia en los procesos, planes y resultados y que favorezcan la participación ciudadana.
A continuación, recogemos cinco enfoques de gestión del sector privado que es necesario incorporar al ámbito administrativo:

1.- La profesionalización de la contratación pública. Que los procesos de contratación continúen siendo gestionados y ejecutados desde un prisma funcionarial sin merma de las formas pero con un alto grado de funcionalidad e innovación en las soluciones jurídicas que lo hagan atractivo para el mercado privado. Ello tanto en una gestión administrativa eficaz del expediente de contratación como en admitir mejoras o variantes que potencien la concurrencia competitiva. Uno de los grandes retos de la administración pública será, por tanto, abrir los procesos de contratación a la participación de expertos externos en la materia de la que trate el proceso de contratación al respecto.

2.- El cumplimiento de plazos y presupuestos. Se hace necesario evitar la desviación de los presupuestos y el retraso de los plazos mediante los riesgos compartidos en un sistema de libros abiertos, con cuentas transparentes, que premie al contratista cumplidor que ahorra y ejecute en tiempo.

3.- La incorporación de la innovación. La inclusión de la innovación en la Administración como reto político, y su utilización como criterio de adjudicación de contratos supone un factor básico para cambiar la gestión de los concursos de licitación pública. También se hace necesario para transformar y diversificar la economía española. En la aplicación de la innovación en la administración existen dos modelos: la Compra Pública de Tecnología Innovadora y la Compra Pública Precomercial. La primera de ellas consiste en la adquisición pública de un bien o servicio que no existe en el momento de la compra, pero que puede desarrollarse en un periodo de tiempo concreto. Mientras tanto, el modelo de Compra Pública Precomercial se basa en una contratación de servicios de I + D, en el que el comprador público no se queda con los resultados de la innovación para su propio beneficio, sino que comparte las pérdidas y beneficios de la innovación para desarrollar soluciones nuevas. Para, en definitiva, superar las que hay disponibles en el mercado.

4.- La agilización de procedimientos. Uno de los grandes avances que se debe de acometer en el sector público, es la reducción de la burocratización en la administración pública, para hacerla ágil, funcional y efectiva ante las demandas de gran parte de la sociedad y el tejido empresarial español respectivamente. Con esto, no se trata de eliminar la burocracia en la administración sino adecuarla al ritmo que evoluciona la sociedad y enfocarla al proyecto social empresarial. En esto es importante girar en torno a la transformación digital de la relación Administración-administrado, como por ejemplo los procesos telemáticos de gestión de documentos, pero también estimular a la ciudadanía el uso de estos sistemas que evitan procedimientos administrativos físicos que hacen emplear una logística que impide la agilización de los procesos de convocatoria, asignación y ejecución en la contratación pública.

5. El control de riesgos y las políticas de cumplimiento.- El control de riesgos, en materia no solo laboral y prevención de la salud, sino en áreas estratégicas cruciales como la gestión de datos, es uno de los grandes retos que debe afrontar la administración en el futuro. Todas las empresas se están preparando en materia de ciberseguridad, y las administraciones públicas tienen la obligación de ir por delante. Igualmente, el compliance implica garantías procedimentales legales y reputacionales a las que no está exenta la administración, al contrario, que deberá estar muy atenta al comportamiento público de sus funcionarios.
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