Revista digital
TRIBUNA
febrero 2015

Formación continua y empleo. Breve historia

José Luis Cuesta,
consejero delegado de Grupo Conforsa

 
José Luis CuestaLa mayor cantidad de las partidas presupuestarias para formación se están orientando hacia los certificados de profesionalidad
Para poder hablar de formación continua hay que remontarse hasta el año 1992 (el de las olimpiadas de Barcelona y la expo de Sevilla). Por aquel entonces nuestro sistema de formación profesional consideraba dos subsistemas: la Formación Ocupacional (dirigida a desempleados y dependiente de la Administración laboral) y la Formación Reglada (dependiente de la Administración educativa).

Hasta entonces, la Formación Continua era prácticamente desconocida, ya que en el mejor de los casos, la realizaban algunos trabajadores de grandes empresas.
Tanto es así, que el gasto no llegaba al 0,2% del coste laboral, cuando en los países de nuestro entorno se superaba el 1,5%. Con este dato no parece muy difícil poder adivinar que competir era un esfuerzo de titanes.

El nacimiento de FORCEM (Fundación para la Formación Continua) como consecuencia de la firma de los primeros acuerdos nacionales sobre formación continua, abrió la posibilidad de formarse al conjunto de trabajadores. Recordemos que históricamente más del 50% de las empresas de nuestro país no tienen ningún asalariado y más del 80% tienen uno o dos.

Los datos del INE a 1 de enero de 2014 arrojan las siguientes cifras: 1,67 millones (el 53,6% del total) de empresas no empleaban a ningún asalariado. Otras 921.000 (29,5%) tenían uno o dos empleados. Considerando sólo a las empresas con asalariados, las que tenían 20 o más trabajadores representaban el 4,2%.

Sin lugar a dudas, FORCEM ha contribuido al reconocimiento social de la formación continua, que alcanzó un gran prestigio entre los millones de destinatarios y tuvo un impacto muy positivo para empresas y trabajadores.

En el año 2001 se creó la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE) y tras un periodo de colaboración conjunta entre las dos fundaciones, éstas se fusionaron en noviembre de 2004.

En 2006 se suscribió el IV Acuerdo Nacional de Formación, de carácter bipartito, y el Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo, de carácter tripartito. En ellos se sentaron las bases del actual subsistema, cuya principal novedad es la integración de la formación ocupacional y continua.

En 2012, el subsistema ha experimentado diversas modificaciones, como el derecho del trabajador a 20 horas anuales de formación vinculadas al puesto de trabajo y el deber del empresario de formar a los trabajadores para adaptarlos a las modificaciones de dicho puesto, la cuenta de formación y el contrato para la formación que pretende mejorar la inserción laboral y la cualificación de los jóvenes combinando trabajo y formación (formación profesional dual).

Certificados de profesionalidad
Los certificados de profesionalidad, regulados por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, son el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la Administración laboral.

Estos certificados acreditan el conjunto de competencias profesionales que capacitan para el desarrollo de una actividad laboral identificable en el sistema productivo sin que ello constituya regulación del ejercicio profesional.

Tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y son expedidos por el SEPE y los órganos competentes de las comunidades autónomas.

Se obtienen a través de dos vías:
  • Superando todos los módulos que integran el certificado de profesionalidad.

  • Siguiendo los procedimientos establecidos para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.


  • El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El SEPE, junto con los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas, forman el Sistema Nacional de Empleo. Este sistema asume las funciones del extinto Instituto Nacional de Empleo (INEM).

    La formación continua de los trabajadores en activo está en peligro
    La mayor cantidad de las partidas presupuestarias para formación se están orientando hacia los certificados de profesionalidad y parece poco realista pensar que los trabajadores en activo estén en disposición de asistir a cursos de tan larga duración.

    Tampoco se puede circunscribir la formación continua solamente a la formación bonificada, producto del crédito de formación de las empresas, ya que de nuevo pequeñas empresas y, sobre todo los autónomos, no tienen posibilidad de formarse.

    En consecuencia, y si no queremos perder competitividad,
    apelamos a que las autoridades competentes reflexionen acerca de dar la posibilidad a estos trabajadores de poder realizar cursos más cortos, como antes se hacía, y sobre todo que se apueste cada vez con mayor decisión por la formación online, como fórmula para muchos de estos trabajadores, y sobre todo trabajadoras, de compatibilizar la vida laboral con la familiar.

    No olvidemos que el valor de la formación continua es mejorar las competencias de todos los trabajadores y la competitividad de todas las empresas.

    ¡La formación de los trabajadores en activo peligra, no lo permitamos!
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