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TRIBUNA
enero 2013
¿Se conseguirá a través de las agencias de colocación el resultado que persigue el Gobierno?
Itzíar Sánchez Somolinos,
responsable de Comunicación Corporativa de Grupo Faster
Ni las ONG actúan sin fondos y pensar que las ETT van a hacerlo sin un plan de negocio previo es ilusorioEsperemos que sí, pero es realmente incierto, ya que hay problemas muy difíciles de sortear.
El más importante es el de las transferencias de competencias en materia de empleo a las CCAA. El Gobierno, a través del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), podrá sugerir un marco de actuación, pero cada comunidad será libre de gestionar las agencias de colocación a su manera. Esta diversidad será un escollo para las agencias que actuando a nivel nacional deban adecuarse a los requerimientos de cada comunidad.
Otro inconveniente no menor es que existen dos colectivos empresariales interesados en actuar como agencias de colocación. Por un lado aquellos que con estructuras y experiencias variadas se han inscrito como tales, algunos pocos disponiendo de estructuras físicas y muchos más mediante sistemas virtuales a través de Internet. Por otro lado las ETT, un conjunto de compañías con casi 20 años de experiencia en la gestión de empleos y una amplia red de oficinas en todo el territorio nacional. Compatibilizar ambos grupos tan dispares es también problemático.
Como no hay dos sin tres, el tercer inconveniente es la financiación de esta gestión, donde proveer fondos para satisfacer el interés comercial de las agencias puede resultar una apuesta fallida. Si se decide pagar honorarios contra resultados a las agencias, hay que encontrar el equilibrio para lograr un beneficio proporcional a la gestión empresarial porque de lo contrario o el Gobierno perderá dinero o habrá desinterés empresarial por asumir la gestión de agencia de colocación.
En cuanto al primer problema, las competencias, es sorprendente que los ciudadanos tengamos diferencias en materia de sanidad, educación, seguridad, justicia, trabajo, etc por residir en una u otra comunidad. Si los dirigentes actuaran con una mano en el corazón y algo de generosidad patriótica este sistema no resistiría análisis.
En cuanto al segundo problema, los grupos empresariales dispares, sería mucho más simple haber contado con un grupo homogéneo, las ETT, por lo menos para iniciar la andadura. Por tratarse de un grupo de consolidada experiencia, que ha sabido sobrevivir a todo tipo de ataques y difamaciones, que tiene una estructura organizativa exigida por ley y está exageradamente vigilado por la Inspección de Trabajo, que la gestión de una agencia de colocación es algo inherente a su actividad empresarial cotidiana. Una vez en marcha y corregidos los eventuales desvíos se sabría con más exactitud los requerimientos para actuar como agencia de colocación.
Por último la financiación, tanto o más importante que los anteriores. En momento de crisis, aplicar fondos para sufragar esta novedad es de alto riesgo. Ni las ONG actúan sin fondos y pensar que las ETT van a hacerlo sin un plan de negocio previo es ilusorio. Pero los fondos deberían provenir del ahorro que origina quien al conseguir un empleo deja de cobrar del Estado y comienza a aportar. Una proporción de este ahorro podría destinarse a los honorarios de la agencia de colocación. Pero además, si el emprendimiento se canalizara a través de las ETT, existen otras medidas que sin significar coste alguno para el Estado aumentarían el interés de las ETT para trabajar como agencias de colocación, medidas destinadas a simplificar el ejercicio de su actividad y, especialmente, a protegerlas y jerarquizarlas como empresas dinamizadoras del empleo, tal como son consideradas en los países de nuestro entorno.
Según medios periodísticos el Gobierno ya ha asignado varios millones para llevar adelante el intento de luchar contra el desempleo mediante las agencias de colocación. Esperemos que acierte, los problemas enumerados se diluyan, se consiga el objetivo perseguido y la inversión no se transforme en un gasto.
El más importante es el de las transferencias de competencias en materia de empleo a las CCAA. El Gobierno, a través del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), podrá sugerir un marco de actuación, pero cada comunidad será libre de gestionar las agencias de colocación a su manera. Esta diversidad será un escollo para las agencias que actuando a nivel nacional deban adecuarse a los requerimientos de cada comunidad.
Otro inconveniente no menor es que existen dos colectivos empresariales interesados en actuar como agencias de colocación. Por un lado aquellos que con estructuras y experiencias variadas se han inscrito como tales, algunos pocos disponiendo de estructuras físicas y muchos más mediante sistemas virtuales a través de Internet. Por otro lado las ETT, un conjunto de compañías con casi 20 años de experiencia en la gestión de empleos y una amplia red de oficinas en todo el territorio nacional. Compatibilizar ambos grupos tan dispares es también problemático.
Como no hay dos sin tres, el tercer inconveniente es la financiación de esta gestión, donde proveer fondos para satisfacer el interés comercial de las agencias puede resultar una apuesta fallida. Si se decide pagar honorarios contra resultados a las agencias, hay que encontrar el equilibrio para lograr un beneficio proporcional a la gestión empresarial porque de lo contrario o el Gobierno perderá dinero o habrá desinterés empresarial por asumir la gestión de agencia de colocación.
En cuanto al primer problema, las competencias, es sorprendente que los ciudadanos tengamos diferencias en materia de sanidad, educación, seguridad, justicia, trabajo, etc por residir en una u otra comunidad. Si los dirigentes actuaran con una mano en el corazón y algo de generosidad patriótica este sistema no resistiría análisis.
En cuanto al segundo problema, los grupos empresariales dispares, sería mucho más simple haber contado con un grupo homogéneo, las ETT, por lo menos para iniciar la andadura. Por tratarse de un grupo de consolidada experiencia, que ha sabido sobrevivir a todo tipo de ataques y difamaciones, que tiene una estructura organizativa exigida por ley y está exageradamente vigilado por la Inspección de Trabajo, que la gestión de una agencia de colocación es algo inherente a su actividad empresarial cotidiana. Una vez en marcha y corregidos los eventuales desvíos se sabría con más exactitud los requerimientos para actuar como agencia de colocación.
Por último la financiación, tanto o más importante que los anteriores. En momento de crisis, aplicar fondos para sufragar esta novedad es de alto riesgo. Ni las ONG actúan sin fondos y pensar que las ETT van a hacerlo sin un plan de negocio previo es ilusorio. Pero los fondos deberían provenir del ahorro que origina quien al conseguir un empleo deja de cobrar del Estado y comienza a aportar. Una proporción de este ahorro podría destinarse a los honorarios de la agencia de colocación. Pero además, si el emprendimiento se canalizara a través de las ETT, existen otras medidas que sin significar coste alguno para el Estado aumentarían el interés de las ETT para trabajar como agencias de colocación, medidas destinadas a simplificar el ejercicio de su actividad y, especialmente, a protegerlas y jerarquizarlas como empresas dinamizadoras del empleo, tal como son consideradas en los países de nuestro entorno.
Según medios periodísticos el Gobierno ya ha asignado varios millones para llevar adelante el intento de luchar contra el desempleo mediante las agencias de colocación. Esperemos que acierte, los problemas enumerados se diluyan, se consiga el objetivo perseguido y la inversión no se transforme en un gasto.
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