TRIBUNA
octubre 2007

El estatuto del autónomo: ¿una medida flexibilizadora de nuestro mercado de trabajo?

Ignacio Sampere,
Abogado de Hispajuris

 
Ignacio SampereLa Ley 20/2007 que regula el Estatuto del Trabajador Autónomo entró en vigor el 12 de Octubre de 2007. Esta Ley constituirá en lo sucesivo el marco de referencia para los trabajadores autónomos, que hasta la fecha se han venido rigiendo por normativa dispersa y heterogénea, mucha de ella promulgada en la década de los 70. Esta norma, que desde luego cuenta en su activo con aciertos y elementos innovadores relevantes, incurre en exceso en aplazar a un posterior desarrollo reglamentario o a una norma futura parcelas importantes del trabajo autónomo. Por ello, muchos aspectos materiales de la aplicación de esta Ley quedan en la “sala de espera legislativa”, por lo que los trabajadores autónomos y las empresas que contraten con ellos tendrán que estar atentos a la publicación de dicha normativa de desarrollo.
De entre las novedades en materia de derechos a favor del trabajador autónomo señalamos el derecho al cobro de los trabajos o servicios prestados por éste en los casos de subcontrataciones. En dichos supuestos, la Ley reconoce la acción directa del autónomo subcontratado contra el empresario principal, hasta el importe de la deuda que éste adeude. Deben por tanto las empresas prestar especial atención a los servicios contratados con terceros que son a su vez subcontratados con autónomos, por cuanto éstos podrán dirigirse contra el empresario principal para reclamar la retribución impagada por la empresa que les subcontrató.

Pero la novedad más importante que introduce esta Ley es la figura del Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE), con la que se regula una situación intermedia entre el trabajador por cuenta ajena y el trabajador autónomo independiente. Constituye el TRADE una de las medidas flexibilizadoras más relevantes de nuestro mercado de trabajo de los últimos diez años y, si bien en una primera lectura esta nueva relación parece acotar una parcela del trabajo autónomo, sus elementos esenciales suponen un paso decidido en contra de la obsesión de nuestro legislador por “laboralizar” cualquier actividad que se preste con alguna dependencia hacia la empresa. Así pues, el Gobierno ha reaccionado contra los límites que él mismo impuso a la contratación laboral en junio de 2006 y ha comprendido que nuestro mercado laboral necesitaba “savia” flexibilizadora.

Ahora bien, para poder acogerse a esta nueva figura deben concurrir, entre otras, las siguientes circunstancias en el trabajador autónomo dependiente:
1. Debe percibir al menos el 75% de sus ingresos por rendimientos de trabajo y actividades económicas o profesionales de una única persona física o jurídica denominada cliente.
2. No puede utilizar el servicio remunerado de otras personas, ni subcontratar parte de su actividad con terceros.
3. No puede ejecutar su actividad de manera conjunta e indiferenciada con el resto de trabajadores de la plantilla del cliente.



La Ley regula la situación de los autónomos económicamente dependientes


A diferencia del régimen previsto para el resto de los autónomos, se exige necesariamente la formalización por escrito del contrato que vincule al autónomo dependiente con su cliente principal, haciéndose constar expresamente la condición de dependiente. Si bien los pormenores del contrato deberán ser objeto de desarrollo reglamentario, la ley establece las siguientes condiciones generales para este tipo de relación:
a. Salvo prueba en contrario se presumirá celebrado por tiempo indefinido.
b. Se regulan las causas de extinción contractual así como los supuestos de indemnización a favor del autónomo dependiente, directrices para su cálculo, al igual que los casos en los que el cliente del autónomo dependiente tiene igualmente derecho a una indemnización por resolución del contrato.
c. Derechos “cuasi laborales”. Se establecen unas garantía mínimas respecto a las vacaciones (mínimo 18 días hábiles), así como a las interrupciones justificadas de la actividad profesional. No hace mención la Ley a la remuneración a favor del autónomo dependiente para los supuestos de vacaciones o de interrupciones por lo que, salvo que se pacte expresamente en el contrato, debe entenderse que en dichas situaciones el autónomo dependiente tiene derecho a suspender la prestación de sus servicios aunque no tenga derecho a remuneración alguna durante las mismas.
d. En relación a la jornada, se establece la posibilidad de establecer el número de horas contratadas por mes o año y su distribución semanal. El poder incluir el elemento de disponibilidad horaria en el contrato suscrito con el TRADE alejará, en muchísimos casos, el riesgo de la temida calificación del “falso autónomo”.
e. Destaca igualmente el establecimiento de los Acuerdos de Interés Profesional firmados por sindicato o asociación profesional respecto de los autónomos económicamente dependientes, como fuente de sus relaciones, incluso jerárquicamente por encima de los pactos individuales. Sin embargo, estos acuerdos “cuasi-colectivos” tienen una naturaleza propiamente contractual, es decir deben ser aceptados por las partes y no pueden imponerse como una norma obligatoria, como ocurre con los convenios colectivos en el ámbito laboral.
f. Dato significativo del carácter cuasi laboral es la competencia de los órganos jurisdiccionales del orden social respecto de los litigios derivados de estos contratos, así como de la aplicación e interpretación de los acuerdos de interés profesional. Esta decisión es encomiable por cuanto será el mismo juez el que decidirá si la relación debe catalogarse como laboral o como de trabajador autónomo dependiente.

En nuestra opinión, la falta de desarrollo reglamentario en lo referente al contenido específico del contrato del TRADE no impide el que desde este mismo momento se suscriban este tipo de acuerdos al contener la Ley en sus artículos 11 y siguientes directrices y elementos suficientes que delimitan el contenido mínimo de los mismos. Por todo ello, nuestra recomendación es que las empresas estudien sin demora y con detenimiento la figura del TRADE, por cuanto constituye una nueva vía, con cobertura legal, para externalizar parte de su producción o de la prestación de sus servicios, pero con las ventajas de una vinculación próxima a la persona con la que se subcontrata.
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