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31/10/2007 La red de despachos de abogados Círculo Legal reunió el pasado jueves en Madrid a más de un centenar de empresarios, abogados y técnicos, así como a diferentes actores relacionados con la política de prevención de riesgos laborales.

Entre los invitados se encontraban Ángel Muñoz Marín, fiscal coordinador de accidentes laborales en Madrid; Pascual Fabiá Mir, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid; Pablo Enrique Rodríguez Pérez, mando del Área de Coordinación Técnica de la Policía Municipal; Juan Prats Guerrero, presidente de la Federación de Servicios de Prevención Ajenos (ASPA), además de Diego Cabezuela, socio de Círculo Legal.

España se encuentra en la cabeza de los países de la Unión Europea, sólo superada por Portugal, en el número de accidentes de trabajo. Durante el primer trimestre de este año se han producido 433.125 accidentes y 317 personas han fallecido por este motivo en España.

La falta de seguridad jurídica del empresario ante la normativa de prevención de riesgos laborales, por falta de la uniformidad en su aplicación, es la principal conclusión que arrojó la jornada. Según Diego Cabezuela, socio de Círculo Legal, `el conjunto de normas es complejo y da lugar a diferentes interpretaciones; los empresarios, a menudo, no saben bien a que atenerse. La falta de jurisprudencia al respecto, al tratarse de asuntos que no pueden recurrirse ante el Tribunal Supremo, produce una inevitable disparidad de criterios en las Audiencias Provinciales y la Fiscalía´.

Los empresarios congregados en la jornada expresaron su malestar y afirmaron sentirse desprotegidos, ya que en muchas ocasiones, a pesar de la correcta aplicación de la política de protección de riesgos laborales por parte de las empresas, los trabajadores no hacen un uso correcto de la formación o los medios que se les facilita.

Para la mayoría de asistentes a la jornada el principal problema radica en la falta de cultura en la protección de riesgos laborales de nuestro país. Diego Cabezuela destacó que `en España, cerca de un 50% de los empleados de la construcción son inmigrantes poco cualificados y algunos con problemas de comprensión del lenguaje, lo que complica su formación y el cumplimiento de las normas´.

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