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17/06/2008 La inserción laboral de discapacitados es la asignatura pendiente de la Responsabilidad Social Corporativa. Así lo demuestran diferentes estudios y las cifras aportadas por las propias empresas, que no llegan a cumplir los mínimos que marca la Ley de Integración Social de los Minusválidos.

Cumplir la LISMI, que establece la obligatoriedad para las empresas de más de 50 trabajadores de reservar un 2% de sus puestos de trabajo para personas con discapacidad o, en su defecto, contratar o invertir en centros dedicados a la inserción laboral de estos colectivos, se ha convertido en un reto para muchas empresas españolas. Algunas de las cuales reconocen que, tras llevar varios años trabajando para lograr integrar ese porcentaje de personas con discapacidad en su plantilla, aún están lejos de alcanzarlo.

Así, BBVA todavía no ha conseguido integrar al 2% requerido por la ley, pero fomenta acciones e invierte capital en empresas que promueven la inserción laboral de colectivos desfavorecidos. También en el sector financiero, Bankinter o Barclays constituyen un ejemplo de organizaciones con más de 50 empleados que no cuentan con un 2% de discapacitados en su plantilla.

Y es que, según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) analizados por Fundación ONCE, España ocupa el penúltimo lugar, sólo por delante de Polonia, en la lista de inserción laboral de personas con discapacidad. Fundación ONCE resaltó que en este momento en España trabajan alrededor de 300.000 personas discapacitadas y hay otras 200.000 buscando trabajo.

En esta línea, el Informe Equipara 2008, realizado por el Observatorio de la fundación Equipara, pone de manifiesto que en España las personas con discapacidad que trabajan no llegan al 10%, pese a que tres de cada cuatro empresas dicen tener empleadas a personas con discapacidad. Sin embargo, sólo una de cada siete de estas empresas alcanza el 2% exigido por la LISMI.

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