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04/02/2009 El Parlamento Europeo ha aplazado al próximo pleno que se celebrará el 18 y 19 de febrero la aprobación de una directiva que obligará a los Estados a fijar sanciones penales a los empresarios que den trabajo a inmigrantes sin papeles en circunstancias de explotación y abuso. Además, según la propuesta, los empleadores serán excluidos de las ayudas públicas y subsidios, informa `El País´ en su versión online.

La decisión del Parlamento cuenta con el respaldo del Consejo, que aprobó el pasado 23 de diciembre un texto legal con los aspectos esenciales de la directiva, que entrará en vigor en el plazo de dos años.

Será competencia de los Estados determinar los supuestos en que se incurrirá en penas de prisión. Las sanciones penales se aplicarán en los supuestos de que las infracciones sean persistentes. También cuando afecten a menores, estén relacionados con tráfico de seres humanos o estén vinculados de determinadas condiciones de explotación.

Por su parte, la patronal europea BusinessEurope manifestó que apoya los objetivos de la directiva en la medida en que la contratación de indocumentados puede crear una competencia desleal.

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