18/05/2009 La crisis económica está provocando que los empresarios reduzcan costes incluso a la hora de plantear Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Según fuentes cercanas al Ministerio de Trabajo, “el 60% de los ERE que tramita el ministerio no está asesorado por abogados”. Estas mismas fuentes aseguran que “cada vez son más las empresas que prescinden de asesoramiento legal a la hora de llevar a cabo un ERE”, situación que han confirmado expertos del sector.

Según las declaraciones de dichos expertos a La Gaceta, las empresas que están llevando a cabo estos recortes son en su mayoría de mediano tamaño. Sustituyendo al jurista por el director de Recursos Humanos, pueden llegar a ahorrarse unos 90.000 euros, cifra aproximada de lo que cobra un despacho para llevar a cabo un ERE en una empresa de 100 a 300 trabajadores. Además del motivo económico, Martín Godino Reyes, socio de Sagardoy Abogados, aduce otra razón: “La reducción que se está produciendo también responde a que los ERE han perdido en parte el componente jurídico, debido a que la Administración ha conducido a esa línea”. Según este abogado laboralista, “el ERE se ha convertido en un procedimiento de negociación más que en un procedimiento con requerimientos jurídicos”. Prueba de ello, es que “por muy bien armado que esté jurídicamente, si no hay acuerdo con los representantes de los trabajadores, la Administración lo rechaza”. Para facilitar ese entendimiento, el socio de Sagardoy considera que es “esencial” contar con un abogado, aunque entiende que, desde el punto de vista de la empresa, “no sea estrictamente necesario”. De todas maneras, el socio de Sagardoy opina que relegar al abogado en un ERE “entraña un riesgo a medio y largo plazo para la empresa porque si ese expediente es recurrido por un sindicato minoritario o un grupo de trabajadores, si no está jurídicamente bien presentado, puede anularse, lo que para la empresa supone un coste brutal”.
Para Ignacio García-Perrote, socio de Uría Menéndez, las medianas empresas que no contratan a bufetes son las que ya tienen experiencia previa a la hora de presentar ERE y lo hacen porque “supone un desembolso económico importante y su política de ajustar costes también afecta al asesoramiento”.
Los sindicatos también constatan el viraje que se ha producido en el asesoramiento legal de los ERE. Enrique Lillo, coordinador del Gabinete Interfederal de Comisiones Obreras (CCOO), asegura que en los procedimientos en los que CCOO representa a los trabajadores, los propios empresarios justifican la ausencia de abogados externos como medida de ahorro debido al alto coste de contratación de los despachos.