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17/06/2010 España necesita un paquete de medidas urgentes que haga remontar a la economía social y a los diferentes sectores de negocio. Ayer, finalmente, se aprobó el texto del Real Decreto Ley de la nueva reforma laboral en el Consejo de Ministros, la gran apuesta de José Luis Rodríguez Zapatero para salir airoso de la crisis. El decreto definitivo de su reforma laboral entra en vigor mañana, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La reforma, impuesta por el Ejecutivo tras el fracaso del diálogo social, contiene importantes cambios con respecto del primer borrador.

La enmienda más destacada de la reforma laboral propuesta por el Gobierno de Zapatero es la ampliación del contrato de fomento del empleo, que contempla una indemnización de 33 días por año trabajado en caso de que se produzca un despido improcedente. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha afirmado que las medidas urgentes de reforma del mercado no suponen un abaratamiento del despido, ya que se mantienen los tipos de indemnización existentes hasta ahora de 45, 33 y 20 días.

Asimismo, el ministro considera un avance el hecho que los contratos temporales (que suponen el 92% de los contratos que se producen en España) pasen a ser fijos. Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, destacó que la reforma laboral afecta sólo a los nuevos contratos, por lo que no supondrá “sacrificios” para los trabajadores, ya que ofrece nuevas oportunidades a los jóvenes y reduce la temporalidad. Además, puntualizó que “quien tiene un contrato con derecho a 45 días de indemnización” seguirá manteniendo esos derechos en caso de un despido improcedente.

Otra de las decisiones más importantes de esta reforma laboral, viene marcada por el protagonismo que adoptará El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), un fondo que se nutre de aportaciones de las compañías, y que a partir de ahora se hará cargo del pago de ocho días de los despidos en todos los contratos indefinidos ordinarios y no sólo en los de fomento del empleo, como antes había previsto el Gobierno.

El Gobierno ha sentenciado que, tras aprobarse el decreto y convalidarse en el Congreso, solicitará que la reforma se tramite como proyecto de ley para que así los partidos políticos en el parlamento introduzcan sus mejoras o propuestas. Se prevé que esta segunda fase de la reforma sea tras el verano. El ministro de Trabajo ha asegurado en varias entrevistas que el Gobierno Central quiere que la reforma tenga el máximo consenso posible en el Congreso de los Diputados e indicó que se estudiarán “todas las enmiendas que puedan mejorar” la reforma, aunque advirtió de que “tampoco cualquier enmienda que pase por allí la vamos a incluir”.

Se han alzado ya muchas voces críticas a esta reforma. Así, el presidente del BBB del PNV, Andoni Ortuzar, en unas declaraciones en la radio autonómica del País Vasco ha asegurado que la reforma laboral aprobada ayer “llega tarde y, además, alberga muchas dudas sobre si va a servir para crear o mantener empleos”. Corbacho se ha mostrado contrario a estas opiniones y ha dicho que “esta es la reforma que en estos momentos necesita España”. Según sus declaraciones, “todo el mundo estaba pidiendo una reforma laboral”, pero cuando se ha hecho, nadie la apoya y, sobre esto, ha aclarado que espera que en el trámite parlamentario estas críticas desaparezcan. Por su parte, la reforma ha recibido las críticas de los sindicatos, que han convocado una huelga general para protestar contra ella en septiembre.

El presidente del PP-A y vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, cree que para que “la reforma no se debe centrar principalmente en el despido”, sino que se debe trabajar mucho en áreas como “la negociación colectiva, salarios, formación profesional o fomento de los contratos”. El dirigente del Partido Popular ha asegurado que cree en el poder político y social del diálogo, pero también en sus beneficios económicos. Pese a eso, ha recordado que esta reforma laboral no cuenta con el apoyo de los sindicatos ni de los empresarios, que creen que la reforma se hace tarde y mal.

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