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27/04/2011 El empleo irregular supone ya una tercera parte del total de economía sumergida en España. Cataluña, Madrid y Andalucía son las comunidades que esconden más trabajos no declarados.

La economía sumergida en el empleo se sitúa en torno a los 82.500 millones de euros, lo que supone casi un 8% del PIB generado anualmente en nuestro país, según las estimaciones realizadas los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) con motivo de la próxima aprobación del Real Decreto Ley para el afloramiento y control del empleo sumergido.

En este sentido, este colectivo explica que la implantación de unas políticas adecuadas que redujeran en diez puntos la tasa de fraude en España -hasta el nivel de los países europeos más desarrollados- permitiría al Estado recaudar cada año más de 13.000 millones de euros adicionales procedentes de las cuotas a la Seguridad Social.

Por regiones, los mercados laborales que esconden más empleo irregular son Cataluña (28.937 millones de euros anuales), Madrid (12.351 millones de euros), Andalucía (11.549 millones de euros), Comunidad Valenciana (8.347 millones de euros), Galicia (4.702 millones de euros) y Castilla y León (4.612 millones de euros anuales).

Asimismo, Gestha recuerda que a nivel nacional la tasa de economía no declarada alcanza actualmente el 23,3% del PIB, lo que supone cerca de 245.000 millones anuales, de los que el 65,9%, casi dos terceras partes -161.647 millones de euros- proceden del fraude fiscal, un componente "que no debe dejarse a un lado en próximo plan del Gobierno".

El fraude tributario, origen del problema
Otra muestra del alcance del empleo no declarado en el conjunto de la economía sumergida en nuestro país es el elevado número de irregularidades descubiertas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), que en 1,2 millones de actuaciones registraron casi 100.000 infracciones en acta -un 8,3% de sus intervenciones-.

En total, las sanciones derivadas de estas actuaciones rondaron los 250 milllones de euros anuales, y afectaron a más de 570.000 trabajadores a nivel nacional, según cifras publicadas por la propia ITSS.

Ante esta situación, los Técnicos de Hacienda proponen la aplicación de un plan más ambicioso y de amplio calado que incluya también medidas específicas contra el fraude tributario, máxime si se tiene en cuenta que para poder mantener los empleos irregulares las empresas necesitan en primer lugar disponer de dinero negro con el que pagar al trabajador.

Para conseguirlo, las empresas evasoras recurren a diversos medios fraudulentos, como ocultar parte de las ventas y cobros, recibiendo facturas falsas o falseadas para simular gastos y pagos de mayor importe. De este modo, una lucha más efectiva contra el fraude en materia fiscal atacaría también de raíz la economía sumergida en materia laboral.

Aflorar el empleo irregular
Desde Gestha se recalca la importancia de que el nuevo plan recoja medidas específicas para hacer frente a las principales bolsas de economía sumergida, como es el fraude en el autoempleo de autónomos y gerentes de empresas individuales o familiares, especialmente en sectores como la agricultura, la contrucción y oficios auxiliares, la hostelería y servicios turísticos, o el transporte.

Asimismo, los Técnicos subrayan que el plan que previsiblemente se aprobará en el próximo Consejo de Ministros no debe limitarse a suavizar temporalmente las condiciones de afloramiento voluntario del empleo sumergido para posteriormente endurecer las sanciones, sino que debe introducir estímulos adicionales lo suficientemente alentadores como para persuadir a los empresarios de regularizar los empleos ocultos.

De este modo, aboga porque los trabajadores regularizados obtengan todos los derechos pasados y futuros que les correspondan en función de todo el periodo trabajado, y no sólo desde enero de 2011, promoviendo así que sean los propios trabajadores irregulares quienes animen a que se lleve a cabo la normalización de su actividad de cara al Fisco y la Seguridad Social.

En este sentido, Gestha reclama también la inclusión de medidas que prevean la repercusión tributaria de la regularización voluntaria, tanto para empresas como para trabajadores -retenciones de IRPF no practicadas, declaraciones de renta fuera de plazo, etc.- ya que de lo contrario el miedo a las sanciones, recargos e intereses limitaría de forma muy significativa el alcance del plan.

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