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23/06/2011 A pesar de que la Administración Central y las comunidades autónomas adquieren sus productos téxtiles a través de concursos o subastas públicas,la mayoría de estos artículos provienen de países asiáticos, de los cuales el 64% corresponde a China. Formalmente, las empresas adjudicatarias suelen ser españolas aunque la realidad es que tienen compañías chinas subcontratados para la manufactura de dichos productos.

Según los datos proporcionados a Expansión la Texfor (Confederación de la Industria Textil), el volumen del mercado español de compras públicas de productos textiles puede estimarse en 620 millones de euros. Si todo el negocio se quedara en España, ese montante equivaldría a 8.900 puestos de trabajo, sumando empleos directos e indirectos. “No se trata de pedir medidas proteccionistas, sino que las administraciones sean conscientes del beneficio que supondría contratar todo el proceso en España”, señala Alejandro Laquidain, presidente de Texfor.

El responsable de la patronal explica que, además, contratar la producción textil en Asia no resulta tan rentable como podría parecer a simple vista. “Las compañías que manufacturan en China consiguen las adjudicaciones porque ofrecen el precio unitario más barato, pero ese precio no refleja todo el coste del proceso, porque no tiene en cuenta los gastos de personal, los viajes, la contratación de traductores, la gestión de stocks o el 30% de pago por adelantado que están exigiendo ahora las empresas chinas”, explica Laquidain.

Texfor asegura que, la suma de todos esos conceptos pueden encarecer el producto hasta en un 50%. “Es indudable que el suministrador de proximidad proporciona algunas ventajas intangibles en el caso de tener que hacer cambios, repeticiones o simplemente resolver los inevitables problemas que surgen, sobre todo, en los suministros complejos”, explica la patronal.

Otros países protegen su propia industria
Según denuncia Texfor, el hecho de que la mayoría de las compras públicas de textiles se lleven a cabo en Asia “discrimina” la industria nacional y pone como ejemplo la legislación de otros países. En Francia, por ejemplo, “los porcentajes de adquisición de producto fabricados en el país para las compras públicas supera el 30% y siempre hay prioridad de oferta en las empresas francesas”, señala Texfor. Otro ejemplo: “En Estados Unidos, las compras de la Administración Central de productos manufacturados en el país deben ser superiores al 30%”.

En España no hay ningún tipo de limitación al respecto, por lo que las compras se llevan a cabo vía concurso o subasta y las adjudicaciones se otorgan , principalmente, a la compañía que ofrece el precio más bajo. La patronal asegura que, a pesar de que no existe un incumplimiento legal tácito a la hora de adjudicar el suministro de textiles a empresas asiáticas, la situación que se genera sí es “legalmente discutible”, ya que las administraciones españolas no cumplen las recomendaciones de la UE en esta materia.

Esas recomendaciones exigen al comprador público que garantice “el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción”, independientemente de dónde se localicen los centros fabriles. Es público y notorio, que muchas empresas asiáticas incumplen esos derechos. También exige la UE que no sólo se valore el precio de la oferta, sino la calidad del servicio y la seguridad del suministro, algo que, según Texfor, las empresas asiáticas no pueden garantizar.

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