
25/07/2011 El Parlamento se ha negado a tramitar la reforma de la negociación colectiva por vía urgente durante este mes y, así, prorrogar el periodo de presentación de enmiendas hasta el próximo 10 de septiembre como pretendían las patronales. Con esto, la reforma, aprobada por decreto ley, no va a cambiar ni va a tramitarse como ley por falta de tiempo, según informa La Vanguardia.
La reforma de los convenios, considerada como la piedra angular de la reforma laboral, no sufrirá cambios. De esta manera el Gobierno evita el enfrentamiento con los sindicatos CC.OO. y UGT que advirtieron que "el endurecimiento" en la línea de las exigencia de CEOE y pactadas con CiU podría provocar una nueva huelga general coincidiendo con la campaña electoral. De esta manera se consagra una reforma de los convenios considerada "insuficiente" por todos los expertos.
La modificación de la negociación colectiva se aprobó por decreto el pasado 11 de junio y el Gobierno vivió uno de los plenos más angustiosos de la legislatura el 23 de junio para validarlo. Para sacar adelante el texto, el grupo socialista tuvo que llegar a pactos con CIU y PNV en virtud de los cuales el Ejecutivo se comprometió a tramitarlo como ley, lo que les daba opción a presentar enmiendas. Tal como se explicó entonces, aceptó la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, abrir la puerta a una mayor flexibilidad interna de las empresas y cambios puntuales de los plazos sobre la ultractividad (no caducidad de los convenios). Además, el acuerdo también introducía las cuestiones sobre mutuas y el absentismo, que quedaron fuera tras fracasar las negociaciones entre patronal y sindicatos.
CiU desconfía
CiU teme que la decisión de prorrogar el plazo de enmiendas hasta el 10 de septiembre sea una estratagema para no cumplir este compromiso. Este plazo puede sufrir al menos cuatro prórrogas adicionales y eso complica el calendario de la tramitación como ley y en consecuencia hace imposible la introducción de enmiendas que mejoren el texto aprobado y las cosas quedarán como están en el decreto, afirma el diputado Carles Campuzano.
Los grupos nacionalistas y las organizaciones empresariales se sienten engañados, ya que confiaban en modificar el texto vía enmiendas, tal como les prometió el Ejecutivo. Los puntos más discutibles del decreto han sido la farragosa redacción del borrador, que tiene varias interpretaciones. En segundo lugar, el proceso de negociación que exige para cualquier flexibilizar las condiciones de trabajo que en su opinión es complejo y poco automático. Otro elemento polémico es que la redacción de la vigencia de los contratos no deja claro si funciona hasta que haya un convenio nuevo o para siempre. Además, tanto CiU como PNV demandan una representación más clara y mejor definida de los convenios autonómicos.
Para Campuzano, lo más preocupante es que se puede producir una paralización de los cambios en el mercado de trabajo, ya que en una situación similar se encuentra la reforma de las políticas activas de empleo y la modificación de la inspección de trabajo –cuya legislación se tiene que adaptar tras las transferencias autonómicas de forma que habrá una autoridad única formada del consorcio del Estado y las autonomías– y cuyo plazo de presentación de enmiendas se ha ampliado al 3 de septiembre.
El propio ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ya advirtió públicamente que no habría "cambios sustanciales durante la negociación parlamentaria". Sin embargo, los empresarios confiaban en que el grupo socialista quedara en minoría durante la votación de las enmiendas, ya que CiU, PNV y PP estaban dispuestos a retocar en profundidad el decreto. La habilidad en el manejo del calendario parlamentario va a permitir al grupo socialista eludir esta encerrona y evitar una situación tan embarazosa como la que vivió en el pleno.