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02/08/2011 Desde ayer, el Gobierno ha endurezido las sanciones a las compañías que empleen a trabajadores de forma irregular. Con esta reforma, el Gobierno podrá sancionar con multas que pueden alcanzar hasta los 10.000 euros.

A finales de abril, el Ejecutivo aprobó el decreto ley de medidas para la regularización y control del empleo sumergido, que fijaba un periodo de regularización voluntaria de tres meses, hasta el 31 de julio.

Valeriano Gómez, ministro de Trabajo e Inmigración, que el objetivo de este reajuste es recuperar el mayor número de cotizantes posibles. Además, recuerda que no conllevará ningún tipo de amnistía, puesto que los empresarios sólo podrán acceder a bonificaciones y ayudas una vez que den de alta en la Seguridad Social a los empleados 'sumergidos'.

El plan establece que una empresa que incumpla la obligación de alta de un trabajador en la Seguridad Social tendrá ahora una sanción mínima de 3.126 euros, cinco veces superior a la actual de 626 euros, y máxima de 10.000 euros, frente a los 6.250 euros actuales.

La empresa verá incrementada esta sanción, hasta los 10.000 euros, cuando tenga un empleado que al mismo tiempo cobre la prestación por desempleo y de un trabajo "en negro".

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