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14/03/2012 El gobierno de Dilma Rousseff, en la imagen, advirtió a Madrid a finales de enero su propósito de endurecer las restricciones al paso de turistas españoles en sus aeropuertos, a los que se les exigiría el pasaporte con validez de al menos seis meses y el billete de avión de ida y vuelta con fecha confirmada.

Según el ministro de Exteriores brasileño, se trataba de una medida de reciprocidad en respuesta a los repetidos casos de rechazo de brasileños en el aeropuerto de Barajas, que considera injustos. Por eso el país sudamericano exigirá a los españoles, y no a otros europeos, los mismos requisitos que, en aplicación del tratado Schengen, aquí se exige a los brasileños como extracomunitarios.

Pero la medida se ha adelantado al menos un mes y según los testimonios recogidos por La Vanguardia, se aplica no solo a turistas y de formas cuestionables. Es el caso de Pablo Feirós, directivo de una escuela española de negocios al que no dejaron pasar porque no disponía de visado de trabajo, aunque la actividad que iba a ejercer no era remunerada.

Brasil organizará en los próximos años importantes eventos, como el Mundial de Fútbol en 2014 o los Juegos Olímpicos en 2016. Necesitará trabajadores del sector de la construcción y la hostelería y hace unos meses parecía que una buena opción era buscar profesionales del turismo en España, bien formados pero en paro.

Todo indica, por la tensión creciente en la disputa de las fronteras, que a partir del 2 de abril, cuando oficialmente entran en vigor las medidas anunciadas por Rousseff, las repatriaciones aumentarán. Y aunque en teoría sólo afecten a los turistas, en la práctica suponen una barrera a la entrada de profesionales españoles en busca de empleo, puesto que entran sin más documentos que los de un visitante y sin fecha confirmada de retorno.

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