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30/05/2012 La reforma laboral aprobada por el Gobierno el pasado mes de febrero ha supuesto un reconocimiento y respaldo a la labor de las agencias de recolocación (outplacement). Así, el Real Decreto establece la obligatoriedad de contratar los servicios de recolocación, con empresas especializadas y autorizadas, en todos aquellos Expendientes de Regulación de Empleo (ERE) que afecten a más de 50 personas.

Hasta ahora, el Real Decreto 43/1996 indicaba que aquellos EREs que afectaran a empresas de 50 o más trabajadores, debían contar con un Plan Social de Acompañamiento que contemplara “medidas adoptadas o previstas por la empresa en orden a evitar o reducir los efectos del despido colectivo, así como atenuar sus consecuencias para los trabajadores que resulten afectados, tales como aquellas dirigidas especialmente a la readaptación o la reconversión de los trabajadores y su posible integración en otros puestos de trabajo”. Sin embargo, esos planes sociales de acompañamiento no hacían mención expresa a los Planes de
Recolocación y, en la práctica, su puesta en funcionamiento dependía de muchos factores que hacían difícil su cumplimiento.

Durante 2011 tuvieron lugar en España un total de 21.167 EREs que afectaron a 343.626 trabajadores. De esos expedientes, más de 2.000 correspondieron a despidos de más de 50 trabajadores cada uno, provocando que más de 126.000 empleados perdieran su empleo.

Según Lee Hecht Harrison, la agencia de recolocación del Grupo Adecco líder nacional e internacional, el 83% de los desempleados que participó en un programa de recolocación en 2011 consiguieron un empleo en menos de un año. La entrada en vigor del Real Decreto aprobado por el Gobierno podría suponer un revulsivo para los afectados por ERE ya que, pese al deterioro del mercado laboral, estas personas
tendrían a su disposición un conjunto de herramientas y una asesoría personalizada que mejoraría su empleabilidad y acelerar sus opciones de conseguir un nuevo trabajo o una nueva alternativa laboral.

Y es que esta medida, de obligado y reciente cumplimiento en nuestro país, está ya en vigor en muchos países de nuestro entorno desde hace años (también en EEUU) donde Francia figura a la cabeza en la utilización de servicios de recolocación con un alto grado de satisfacción por parte de los servicios públicos de empleo y por los propios candidatos.

Según Nekane Rodríguez, directora general de Lee Hecht Harrison en España, “Nuestros resultados demuestran que a pesar de la dureza del entorno es posible encontrar trabajo, si cuentas con el apoyo necesario. Aspecto que el actual gobierno ha tenido en cuenta al aprobar en la reforma laboral la obligatoriedad de contratar los servicios de recolocación a empresas autorizadas y especializadas, en los ERE superiores a 50 personas”.

¿En qué consiste la recolocación o el outplacement?
La recolocación y los servicios de outplacement es el conjunto de técnicas dirigidas a aquellos trabajadores (desde operarios a directivos) que han perdido su empleo involuntariamente para que se reincorporen, lo antes posible, a la actividad laboral, facilitándoles conocimientos y herramientas para la búsqueda de un nuevo empleo lo más adaptado posible a sus aspiraciones personales y profesionales. Los programas de recolocación se diseñan en función del perfil profesional de cada individuo y la metodología empleada abarca varios aspectos: apoyo psicológico, autodiagnóstico personal, definición del objetivo profesional, formación para desarrollar la campaña de búsqueda y apoyo en la búsqueda.

Las empresas de Recolocación aportan valor al conjunto de acciones que desarrollan los Servicios Públicos de Empleo, en el marco del Sistema Nacional de Empleo, en su objetivo de promover y desarrollar políticas activas de empleo.

Los resultados conseguidos en la actividad de Recolocación demuestran que esta política activa de empleo tiene efectos beneficiosos en lo personal, ya que aprovecha las capacidades del individuo y hace de él, de nuevo, un sujeto social y productivo, y en lo económico, puesto que descarga al erario público de prestaciones y subsidios, como consecuencia de una estancia menor en situación de desempleo.

Esta tarea contribuye a que la pérdida de empleo resulte menos traumática para los trabajadores afectados y para la sociedad en su conjunto.

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