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27/11/2012 En un contexto de creciente desempleo, la Unión Europea se propone hacer oficial los cursos, talleres y otras experiencias que los trabajadores aprenden fuera del ámbito estrictamente académico. El objetivo es mejorar las posibilidades de empleo de quienes puedan acreditar una formación al margen de los títulos. Para ello, los 27 países miembros deberán contar en 2018 con un sistema común de certificación de esos conocimientos, según acordaron ayer los ministros de Educación en Bruselas. El aval obtenido en un Estado se extenderá al resto.

La decisión de los ministros retrasa el objetivo inicialmente propuesto por la Comisión Europea, que urgía a tener listo ese marco en 2015. “En la crisis actual es muy importante permitir que las personas que tengan otras capacidades puedan demostrarlas y encontrar así un trabajo”, argumentó la comisaria de Educación, Androulla Vassiliou, al término del Consejo.

Los Estados deberán ahora crear procesos para reconocer tanto la llamada educación no formal (por ejemplo, la que imparte una empresa a sus trabajadores, los cursos que organizan los sindicatos o cualquier otra organización civil, siempre que exista presencia de un profesor) como la informal (lenguas aprendidas, acciones de voluntariado y otras experiencias que no requieren la participación de un profesor).

Un 10% de la población recibe formación fuera del entorno académico
Los datos evidencian la necesidad de homogeneizar e impulsar estos procesos. Alrededor de un 10% de la población española entre 25 y 64 años participa en alguno de esos dos tipos de aprendizaje, según una encuesta realizada por la Comisión Europea el año pasado. Por lo general, suelen ser los adultos con mayor nivel académico quienes más participan en esa formación no reglada. También los parados, para mejorar sus posibilidades de reinserción.

Hasta ahora, solo cuatro países (Francia, Holanda, Finlandia y Luxemburgo) cuentan con sistemas nacionales de homologación de aprendizaje. Cuando todo los Estados los desarrollen, trabajadores y parados podrán someter su conocimiento y experiencia a ese proceso. El Estado deberá apoyar a los ciudadanos para que identifiquen su bagaje, con especial atención a los grupos más desfavorecidos, principalmente los desempleados. La Comisión insta, además, a implicar en este proceso a las patronales, los sindicatos y cámaras de comercio, entre otros colectivos.

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