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28/11/2012 Los directivos de Ilva, uno de los grupos siderúrgicos más grandes de Europa, acusados de sobornar a técnicos y políticos para evitar los controles ambientales que responsabilizan a la planta, que tiene una producción de 28.000 toneladas de acero al año, de los vertidos tóxicos que causan enfermedades y muertes en la zona, según publica El País.

Tras el arresto de siete directivos, la siderurgia ha enviado a casa a los 5.000 empleados de Taranto y amenaza con hacer lo mismo con otros 12.000 en toda Italia. Pero los trabajadores prefieren trabajar en esas condiciones que no trabajar, y en protesta han decidido ocupar la planta. Un dilema mortal: salud o trabajo. De ahí el lema acuñado por los operarios: “El paro también mata”.

Aunque no se sabe si tanto. Un informe de la fiscalía sostiene que la contaminación provocada en tierra, agua y aire por la planta siderúrgica está relacionada con 11.000 muertes en los últimos siete años. A pesar de las numerosas denuncias, y de un plan de saneamiento presentado por el Gobierno para intentar compaginar trabajo y salud, las chimeneas siguieron funcionando. Según las acusaciones de los fiscales, la familia Riva decidió que era más fácil y más barato reciclar los informes y sobornar a las autoridades que acometer las reformas aconsejadas por el plan Aia (autorización integrada ambiental).

Ahora, la acción de la fiscalía, que ha paralizado parte de la planta e incautado la producción, y la dura reacción de la empresa, que ha convertido a los trabajadores en moneda de cambio, han obligado al Gobierno a reaccionar. El primer ministro Mario Monti ha convocado una reunión este jueves en el Palacio Chigi, y su ministro de Medio Ambiente, Corrado Clini, ha asegurado que para entonces estará listo un decreto de urgencia que desbloquee la situación.

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