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16/01/2013 El Parlamento Europeo ha exigido a la Comisión que presente medidas para garantizar que los trabajadores son debidamente informados y consultados sobre los procesos de reestructuración de las empresas y, en caso necesario, se les ayude a buscar un nuevo empleo. En un informe redactado por el socialista español Alejandro Cercas, los diputados proponen recomendaciones para mejorar el modo en que empresas, sindicatos y otras partes interesadas preparan y gestionan las reestructuraciones.

Cercas señaló que "ha sido un error dejar a las empresas solas frente a este problema, o dejar que sea solo un problema de las empresas, cuando es un problema de la sociedad, de los trabajadores, de las autoridades, de los países y de Europa. El segundo error ha sido que seguimos careciendo de estrategias europeas para un problema que no conoce fronteras. Queremos que la Comisión actúe frente a una situación que es dramática. Creemos que se puede hacer frente simultáneamente a la flexibilidad necesaria en las empresas para mejorar su capacidad de adaptación al cambio, con la seguridad que piden los trabajadores y a la que tienen derecho en sus relaciones laborales y en sus sistemas de protección".

En el texto de iniciativa legislativa, aprobado por 503 votos a favor, 107 en contra y 72 abstenciones, los diputados piden a la Comisión que presente lo antes posible una propuesta de "acto jurídico", que podría ser vinculante o no vinculante, sobre información y consulta de los trabajadores, previsión y gestión de las reestructuraciones, ya sean públicas o privadas.

Los diputados formulan 14 recomendaciones que deben guiar los trabajos del ejecutivo comunitario. En primer lugar, el texto subraya que, para suavizar el impacto de las reestructuraciones y mejorar las posibilidades de movilidad de los empleados, las empresas deben desarrollar las capacidades y competencias de sus trabajadores de forma continua.

Cooperación entre distintos actores
Al abordar el proceso de reestructuración, las empresas, los sindicatos, las autoridades públicas y otras partes interesadas, deben actuar "con un espíritu de cooperación sobre la base de una información puntual y completa y la consulta, reconociendo que el objetivo de estos procesos es proteger al mismo tiempo los intereses de las empresas con respecto a la competitividad y la sostenibilidad y los de sus trabajadores", destaca el informe.

Los diputados también defienden la cooperación y asistencia activas de las autoridades públicas en los procesos de reestructuración, así como la implicación de los agentes económicos locales, en particular las pymes que se encuentran en situación de dependencia de la empresa que se va a reestructurar por su condición de proveedores o subcontratistas.

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