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23/04/2013 UGT y CCOO llevarán a cabo movilizaciones el próximo 28 de abril, con motivo del Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo, para denunciar la precarización de las condiciones laborales a raíz de la crisis y exigir mayor atención a la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en las empresas, mediante, entre otras cosas, la renovación de la Estrategia Española en la materia para el periodo 2013-2020.

Según han explicado los secretarios de Salud Laboral de UGT y CCOO, Marisa Rufino y Pedro J.Linares, las políticas públicas encaminadas a reducir la siniestralidad puestas en marcha en 1995 se frenaron en seco en 2009, cuando España entró por primera vez en recesión. De hecho, la aportación estatal en materia de prevención para este año ha caído un 40%.

Desde la empresas, donde "la prevención se ve como un gasto", tampoco se invierte lo necesario en reducir la siniestralidad, de forma que un 40% de ellas no forma a sus empleados en prevención de riesgos laborales y hasta un 86% no ha evaluado los riesgos psicosociales de su actividad.

El resultado es que en 2012 fallecieron 555 personas en accidente laboral, tan sólo un 0,5% menos que un año antes, con lo que cada día fallecen dos personas en el desempeño de su trabajo. En el caso de los accidentes laborales y enfermedades profesionales se ha producido un descenso. En 2012 se produjeron 1,1 millones de accidentes profesionales, alrededor de un 14% menos. Por su parte, durante el pasado año se registraron 15.711 casos de enfermedad profesional, la mayor parte de ellos por trastornos musculoesqueléticos, un 13,2% menos.

De cara a 2013 la cuestión no tiene visos de mejorar, según los sindicatos, que aseguran que la reforma laboral está obligando cada vez más a los trabajadores a aceptar, desde el inicio o por la vía de los descuelgues, condiciones laborales inadecuadas, en las que los accidentes y las enfermedades profesionales proliferarán. En paralelo, los recursos públicos que se destinan a las labores de prevención se han reducido drásticamente en la Administración, y en el caso de las comunidades autónomas, es en algunos casos, inexistente.

Por ello, Linares sostiene que "los accidentes laborales son una forma de violencia estructural que afecta a las clases más bajas" y asegura que la "paralización" de la negociación de los convenios colectivos puede llevar al decaimiento de muchos de ellos y, por tanto, a la desaparición de los logros alcanzados en materia de prevención laboral en muchas empresas.

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