28/05/2013 El sistema público de pensiones ha perdido, durante la crisis económica, más de 3,2 millones de afiliados, lo que somete a la Seguridad Social a una gran presión por la falta de ingresos. Esta es una de las conclusiones alcanzadas en el Consejo Consultivo de Sagardoy Abogados, almuerzo organizado por el prestigioso despacho y que ha contado con la participación de destacadas figuras de la Administración Pública, como el secretario de Estado para la Seguridad Social, Tomás Burgos, y el director general de ordenación de la Seguridad Social, Rafael A. Barberá de la Torre.
En el evento, donde también han estado presentes los directores de RRHH de importantes empresas, Burgos ha precisado que, además de la caída en el número de afiliados, existen otros problemas demográficos y de envejecimiento de la población europea que presionan a la Seguridad Social. A pesar de estos factores, el Secretario de Estado ha asegurado que el sistema dispone de una notable fortaleza.
Según Burgos, el sistema de Seguridad Social se reforma permanentemente y goza de un gran aprecio social, por lo que el reto sigue siendo “actuar para fortalecerlo, porque más esperanza de vida debe evocar orgullo y satisfacción, no preocupación ni dudas”, ha puntualizado.
En el Consejo Consultivo de Sagardoy Abogados se ha ahondado en la importancia de saber manejar, adecuadamente, la “economía de la longevidad”. Para el Secretario de Estado, ello obliga a conciliar la sostenibilidad financiera del sistema para el futuro con el mantenimiento de un nivel de pensiones adecuado y digno, pues en España, el sistema público de pensiones seguirá siendo la fuente de ingresos más importante para los pensionistas en el futuro.
Asimismo, Burgos ha recordado que el conjunto de gastos del sistema alcanzará en 2013 el 10,1% del PIB. Por lo que se requiere de un esfuerzo colectivo muy notable, así como de nuevas medidas de racionalización y adaptación, desde la perspectiva de un sistema más coherente y equitativo. Burgos ha apuntado que estos son los objetivos a los que apunta la línea de trabajo de la Seguridad Social, centrada fundamentalmente en el desarrollo de un factor de sostenibilidad que garantice las prestaciones de hoy y del futuro, la lucha contra el fraude y la promoción del envejecimiento activo.