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20/12/2013 Garantizar que los fondos públicos se destinan a fines públicos: ése es el objetivo que empuja al Ministerio de Empleo a atreverse con el espinoso asunto de los altos sueldos que perciben los gerentes de las mutuas de accidentes de trabajo.

El departamento que dirige Fátima Báñez tratará de abordar este tema a través del anteproyecto de ley sobre estas aseguradoras que, salvo imprevisto de último hora, aprobará hoy el Consejo de Ministros.

El asunto es delicado, según explica El Economista. Las mutuas son entidades privadas sin ánimo de lucro que se financian con dinero público, el que procede de los pagos en cotizaciones que las empresas hacen a la Seguridad Social. Así, en 2012, ingresaron 5.300 millones en concepto de cuotas por contingencias profesionales, 3.000 millones por contingencias comunes y más de 130 millones por cese de actividad de autónomos.

Pese al origen de esos recursos, los directivos de estas mutuas, en especial sus gerentes, reciben tradicionalmente unos salarios muy elevados que rebasan con creces los límites que la ley establece para los empleados públicos.

La clave está en los complementos
Aún no ha trascendido la manera concreta en que Empleo va a articular las nuevas limitaciones. Fuentes del sector apuntan que podría actuarse sobre los complementos que perciben, que son variados y muy sustanciosos. Así, dentro del catálogo entran coches de alta gama, tarjetas de repostaje, gastos cubiertos de representación en caso de trasladarse o seguros de vida.

Muchos de estos directivos cuentan con derechos adquiridos durante años que, en caso de no respetarse, deberían ser indemnizados.Recientemente se han activado algunas limitaciones a las remuneraciones del personal de nueva incorporación, pero todavía puede hacerse más, según apuntan fuentes del sector, hasta el punto de, como mínimo, asegurar que un directivo de mutua no llegue a cobrar más que un director general de la Seguridad Social (lo que implica situarse en un rango entre los 90.000 y los 100.000 euros anuales).

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