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13/01/2014 Ya ha pasado un mes y medio desde que se apagaran las emisiones de Canal 9 por mandato del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Su decisión se produjo a raíz de conocerse el 5 de noviembre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que declara nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), lo que obligaba a readmitir a un millar de empleados.

1.500 trabajadores de Ràdiotelevisió Valenciana (RTVV) continúan cobrando sus nóminas sin ir a trabajar. Desde que en la madrugada del pasado 26 de noviembre recibieron por email una notificación de que pasaban a estar con permiso retribuido, no tienen que volver a sus puestos de trabajo. Y cuando lo han intentado, se les ha impedido el paso.

Previsiblemente, entre esta y la próxima semana, se iniciarán los trámites para finiquitar los contratos y la sociedad, definitivamente, a través de un ERE de extinción que el Consejo Liquidador de RTVV ha adjudicado a KPMG. Pero se calcula que todo el proceso puede prolongarse hasta marzo, unos tres meses desde que se cerraron las emisiones.

A partir de la información del departamento económico, el comité de empresa calcula que la Generalitat gasta cada mes 4,5 millones de euros para mantener a los trabajadores en casa, en contra de su voluntad. La mayor parte de esta cifra corresponde al pago de nóminas de 1.500 empleados, de los que siguen trabajando entre 60 y 90, sobre todo en administración, pero también se contabilizan los pagos de alquiler de equipos y otros costes fijos.

En consecuencia, la Generalitat habrá desembolsado 13,5 millones de euros en tres meses para mantener clausurada RTVV, sin contar las futuras indemnizaciones, ni los ingresos en publicidad que se dejaron de recibir por la campaña navideña (que ascendían a 3,5 millones de euros), ni otros compromisos de derechos de antena adquiridos.

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