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28/03/2014 GRI organizó este miércoles en Madrid la jornada "Reestructuración del sector bancario. Balance y recomendaciones”, donde congregó a una amplia representación del ámbito financiero y que contó con las intervenciones de Ricardo Bodas, presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional; Ana Pancorbo de Rato, inspectora de Trabajo y Seguridad Social; Martín Godino, socio director de Sagardoy Abogados; José María Martínez López, secretario General de COMFIA CCOO; y Sebastián Moreno Rodríguez, de la Secretaría del Sector Financiero de FeS UGT.

Hubo consenso entre los ponentes en la crudeza de las consecuencias de la crisis que ha atravesado el sector en los últimos seis años, con un balance de entre 40.000 y 60.000 puestos de trabajo destruidos en este periodo, y en el hecho de que la intervención de las organizaciones sindicales mayoritarias apostando por “el posibilismo frente al conflicto” les ha causado un importante desgaste.

“Todo han sido malas noticias en un sector que desconocía los despidos colectivos hasta el año 2009, que estaba acostumbrado a negociar mejoras en sus condiciones laborales y que se ha visto inmerso en un proceso que ha contado con menos ayudas públicas específicamente destinadas a mejorar la situación de los trabajadores que las de otros ámbitos como el industrial. Sí ha habido fondos públicos pero se han dedicado a salvar entidades”, argumentó Martín Godino.

En todo caso, Godino celebró los acuerdos alcanzados para aplicar la voluntariedad en casi el 80% de las desvinculaciones, la adopción de medidas de flexibilidad interna (como la disminución de salarios) para frenar un mayor número de salidas o unos estándares indemnizatorios mejores de lo que cabía esperar inicialmente. A su juicio, uno de los asuntos que urge abordar en el sector es la importancia de los programas de recolocación externa cuando las medidas mencionadas previamente no consiguen el resultado esperado.

Tras su intervención llegó el turno de palabra de Ana Pancorbo, quien hizo especial hincapié en el aspecto formal de estos planes de recolocación, incidiendo en la necesidad de presentar toda la documentación relativa a estos proyectos no sólo al inicio del proceso sino también una vez concluido el periodo de consultas, todo ello acreditado contractualmente y con las posibles modificaciones introducidas. “La Dirección Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene la obligación de verificar que se ha presentado el programa y que éste cumple con todos los requisitos especificados en la normativa”, remarcó.

Los retos del sector de recolocación
Precisamente en relación con este asunto, Marcos Huergo, director general de GRI, subrayó la necesidad de introducir “no a golpe de Real Decreto sino desde el convencimiento social” contenidos más rigurosos en los programas de recolocación externa y compromisos mínimos de inserción, además de asegurar que el periodo de consultas entre empresa y Representación Social aborde medidas de acompañamiento social orientadas a mejorar la empleabilidad de los trabajadores.

En este sentido, puso el acento sobre la “desprofesionalización” que en su opinión se está dando en el sector de empresas de recolocación, “abierto a prácticamente a cualquier operador sin establecer criterios consistentes de solvencia técnico-metodológica, económica o financiera”.

El presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional también subrayó la importancia de apostar por programas de recolocación externa de calidad, aunque su visión personal es que no se les da la importancia que merecen. Tras un análisis pormenorizado de la jurisprudencia generada en torno a estos procesos en el sector bancario, el Ilmo. Sr. Ricardo Bodas incidió en la necesidad de “potenciar medidas de flexibilidad interna antes de tener que llegar a las externas”, lo que precisa que la negociación se desarrolle “en igualdad de condiciones entre todas las partes implicadas”.

El coste social del proceso
Finalmente, ambos representantes de organizaciones sindicales coincidieron en resaltar el elevado coste social de la reestructuración del sistema financiero, la situación de “oligopolio” en la que ha derivado el proceso o la desaparición de las obras sociales de las cajas de ahorro y su impacto sobre la sociedad, entre otros aspectos.

También destacaron que la actual no es la primera crisis que vive el sector financiero español, que ha habido otras como la de la década de los 80 “cuando todavía no existía la famosa troika, cuando teníamos moneda propia y de la que salimos sin despidos colectivos ni cambios sustanciales de ninguna ley laboral. Fuimos capaces de superar mediante el consenso crisis de gran envergadura, sin generar empleo durante varios años pero sin los efectos traumáticos de la actual. Hay que aprender de la historia”, sentenció el representante de UGT.

Ambos representantes sociales también resaltaron que los programas de recolocación externa deben ocupar un papel nuclear en la negociación de los despidos colectivos y deben abordarse con rigurosidad para conseguir su cometido.

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