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13/10/2014 El nivel de economía sumergida que se mueve en el sector de la hostelería, acrecentada durante la crisis, es una de las grandes preocupaciones de la Inspección de Trabajo en Málaga, que viene realizando en los últimos años una campaña especial centrada en los meses de verano para sancionar a las empresas que no tienen dados de alta a sus trabajadores o les hacen echar más horas que las que estipula su contrato.

En este 2014, Trabajo lleva realizadas casi 1.400 inspecciones en bares, restaurantes, chiringuitos o discotecas que se han saldado con 458 infracciones en diferentes empresas y unas propuestas de sanción que ascienden a 1,7 millones de euros, según explica a la Opinión de Málaga, el diario que publica la información, el jefe del departamento, Alfonso Conejo.

La labor inspectora es constante, pero suele incrementarse de marzo hasta finales de verano en paralelo a la temporada alta turística. En mayo y junio se realiza un campaña específica con controles sorpresa en el segmento de bodas, bautizos y comuniones, a sabiendas de que son eventos donde las empresas tiran mucho de la figura del trabajador extra (un refuerzo puntual de plantilla) sin que a veces se produzca el alta en la Seguridad Social. En agosto, en cambio, las inspecciones se vuelcan con la Feria de Málaga, para evitar la proliferación de personas trabajando sin contrato en casetas o bares.

Sanciones a la empresa y al trabajador según la situación
Un primer balance de la campaña revela que los controles han permitido regularizar durante todos estos meses la situación de 510 trabajadores. La mayoría de ellos fueron localizados por los inspectores trabajando sin estar dados de alta a la Seguridad Social, lo que hará que las empresas donde prestaban sus servicios se vean obligadas a pagar una multa de 3.126 euros por cada persona en esta situación irregular, con recargos a partir del 20% conforme sube el número de afectados.

En 42 ocasiones, el trabajador sin contrato se encontraba además cobrando el desempleo, algo que supondrá para la empresa que los cobija una sanción de carácter muy grave y una multa añadida de otros 10.000 euros por individuo (también con recargos). Sin embargo, Conejo explica que en estos casos no se efectúa la sanción para el trabajador aunque sí se le corta automáticamente el derecho a la prestación que estaba recibiendo.

Además, la Seguridad Social apunta lo que esa persona ha cobrado de forma indebida como deuda a recuperar en un futuro, descontándolo de futuras prestaciones.

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