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28/10/2014 El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha ratificado la legalidad del despido colectivo de toda la plantilla (127 personas) de Radio i Televisió de Mallorca (RTVM), llevado a cabo por el actual Consell de Mallorca del Partido Popular, en noviembre del 2011. Los trabajadores y varios sindicatos pidieron la nulidad de ese ERE (expediente de regulación de empleo), al estimar que el Consell, titular de la radio y televisión cerradas, vulneró sus derechos fundamentales en la tramitación de los despidos.

La sala de lo contencioso-administrativo del TSJB ha rechazado el recurso formulado por el comité de empresa y los sindicatos STEI, SPIB y UGT contra la aprobación del ERE, que fue autorizado por la dirección general de Trabajo del Govern balear el 23 de noviembre del 2011.

Los recurrentes alegaron básicamente que RTVM debería haber aportado al comité de empresa, en la fase de consultas del ERE, la cuenta general del Consell de Mallorca y las de los entes autónomos que dependen de él.

El despido colectivo fue justificado en la insolvencia de la Televisión de Mallorca y en la grave situación financiera del Consell, un extremo que, según los empleados, no quedaba acreditado con la información suministrada por RTVM.

La empresa del Consell sí que facilitó esa información a la dirección general de Trabajo del Govern cuando ésta se la reclamó, antes de decidir si el cierre se podía autorizar o no. La plantilla alegó en su demanda que el Govern no tenía que haber recabado esos balances y que ayudó descaradamente a RTVM al solicitarlos.

No eran documentos necesarios
Los magistrados han considerado que los documentos no entregados al comité en la fase preliminar no eran necesarios para determinar si existían razones económicas para justificar el cierre de la empresa pública.
Así, la sentencia da la razón al Consell y al Govern al establecer que RTVM ya incurrió en insolvencia tras las elecciones del 2011, cuando el PP sustituyó al Pacto de Progreso en la institución.

El Tribunal Superior destaca que los ingresos por publicidad de la televisión eran muy escasos, menos de medio millón en el mejor ejercicio (2009) y que era imposible su funcionamiento sin fondos públicos. La sentencia concluye que el ERE estuvo justificado por causas económicas tanto de la empresa RTVM como de su propietario, el Consell.

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