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28/07/2016 El presidente Nicolás Maduro decretó la obligación de que las empresas públicas y privadas cedan a sus trabajadores para incorporarlos a la “producción agroalimentaria” durante 60 días, dada la deficitaria producción nacional y la escasez de alimentos que presenta el país.

La nueva medida del Ministerio de Trabajo de Venezuela para hacer frente a la crisis de alimentos que sufre el país así como la emergencia económica y el estado de excepción, ya ha sido publicada en la gaceta oficial, según publica el diario ABC. Una decisión de Nicolás Maduro, que la semana pasada, fue rechazada por segunda vez por la Asamblea Nacional por su inconstitucionalidad.

La duración temporal del trabajo forzado, en principio de 60 días, tiene el mismo tiempo de vigencia de la emergencia económica. El decreto establece, además, un régimen especial para “todas las entidades de trabajo del país, públicas, privadas, de propiedad social y mixtas”.

De hecho, el gobierno comenzó el experimento con los trabajadores de la Empresa Polar, según denunciaron indignados varios empresarios del sector. La medida no especifica los mecanismos que se aplicarán para la cesión de los trabajadores, ni los períodos durante los cuales podrán ser reasignados, aunque aclara que los seleccionados deben tener “condiciones físicas adecuadas” y “conocimientos teóricos y técnicos” en áreas productivas.

Los empleadores privados no tendrán que asumir el pago de sueldos, pero sí las obligaciones vinculadas con el sistema de seguridad social. Los acuerdos salariales originales se respetarán, añade el texto, que sí especifica que el compromiso del Estado de pagar el salario aunque puntualiza que la empresa (de origen) deberá cancelar las prestaciones sociales del seguro social y la antigüedad.

Por otro lado, los trabajadores tendrán inamovilidad laboral durante el tiempo que dure su prestación de servicio al Estado “no podrán ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo originarias sin causa justificada”.

El Estado se compromete con pagar el salario pero la empresa de su origen deberá cancelar las prestaciones sociales del seguro social y la antigüedad.

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