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08/02/2017 Las compañías de la estiba conforman el único sector de España que no está abierto a la libertad de contratación. Sin embargo, ha aparecido la crispación en los puertos pocos días después de que el Ministerio de Fomento presentara su propuesta para articular un real decreto ley que tendrá como epicentro la ruptura del monopolio de las denominadas sociedades de gestión de trabajadores portuarios (Sagep).
Actualmente, la normativa obliga a las empresas de la estiba a recurrir a Sagep para la contratación. Esta medida impulsada por el Ministerio de Fomento ha sido tomada como una ofensa por parte de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, el principal sindicato del sector. Ha tachado esto como “una maniobra de expediente de extinción de empleo subvencionada con fondos públicos”, ya que el nuevo marco regulatorio contempla que las arcas públicas asumirán el coste de las indemnizaciones para los trabajadores que sean despedidos.
El Gobierno, por su parte, explica que “la norma no supone la destrucción de puestos de trabajo, sino todo lo contrario, un incentivo para el mantenimiento de empleo en un escenario obligado por la sentencia de libertad de contratación de trabajadores” y rechaza la acusación de ERE encubierto.
Añade también que esta es una forma de incentivar la transferencia de trabajadores desde el régimen especial de las Sagep a las empresas, “al igualar su situación con otros trabajadores que en este momento no están en el sector en el marco exigido por la sentencia de libertad de contratación”.
Además, la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE) defiende la liberalización del sistema actual en la contratación de trabajadores, pues considera que esto tendría un impacto positivo de hasta 2.400 millones de euros sobre la economía española, y apuesta por una rebaja del sueldo de los estibadores del 60%. Así, el sueldo que queda recogido en el documento 'Avanzando hacia un modelo portuario más competitivo', elaborado por la consultora PwC por encargo de los inversores portuarios, pasaría de una media actual de 67.800 euros de sueldo bruto anual para un estibador hasta los 26.934 euros tras el citado recorte.
“La implementación de estas reformas tendría un impacto muy positivo sobre los costes portuarios en España que, según nuestras estimaciones, se verían reducidos en media un 30,2%, pasando de suponer en la actualidad 6,9 euros por tonelada de mercancía transportada a 4,8 euros por tonelada tras los cambio”, señala el informe.
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