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23/03/2017 En apenas unos días se cerrarán los Presupuestos de 2017 y los sindicatos españoles negocian con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, la subida en un 1% del sueldo de los funcionarios, así como la ampliación de la oferta pública de empleo en casi 250.000 plazas para los próximos tres años.

CSIF, UGT y CC.OO. llevan unos días negociando con el Gobierno a fin de mejorar la situación del empleo en España, tratando de eliminar factores como la temporalidad. Para ello, los sindicatos se han vuelto a reunir -en el ámbito de la Mesa General de las Administraciones Públicas- con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, con el objetivo de transmitirle sus propuestas como el aumento en un 1% del sueldo de los empleados públicos, similar al crecimiento que se prevé que tenga el IPC este año (1,2%).

Otra de las medidas que se pretenden incluir en los Presupuestos de 2017 es la ampliación de la oferta de empleo público en unas 250.000 plazas para los tres próximos años. En este sentido, según informa el diario El País, "Collado ha mantenido encuentros discretos con todas las comunidades autónomas y con la federación de municipios (Femp) para tratar de coordinar una oferta de empleo público que reduzca la temporalidad del sector público (cercana al 20%) y que ayude a cumplir la sentencia del Tribunal de la Unión Europea, que iguala las condiciones de despido de temporales y fijos".

CSIF, sindicato mayoritario de la Administración central del Estado, explica que la convocatoria de estas plazas no supondrán la convalidación automática de los plazas de los interinos, sino que las convocatorias cumplirán los requisitos legales de concurrencia y transparencia. Pero en los baremos de puntuación se podrá valorar el tiempo en que un opositor ha estado desempeñando un trabajo al servicio de las administraciones públicas. Este punto es especialmente sensible para profesionales del sector sanitario y educativo, donde hay una gran temporalidad.

El acuerdo también recoge un aumento de la tasa de reposición —las plazas sustituidas por cada jubilación— más allá del 100% para los servicios básicos: sanidad, educación y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y del 50% en el resto de sectores públicos.

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