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30/05/2018 Los trabajadores desplazados temporalmente a otro país de la Unión Europea cobrarán el mismo sueldo que los empleados locales, haciendo el mismo trabajo. Así ha quedado estipulado en las normas revisadas que el Parlamento Europeo ha aprobado éste pasado martes. En 2016, había 2,3 millones de trabajadores en esta situación en la Unión y, de hecho, el número de desplazamientos aumentó un 69% entre 2010 y 2016.

La nueva ley, aprobada con 456 votos a favor, 147 en contra y 49 abstenciones, pretende mejorar la protección de los trabajadores desplazados y asegurar unas condiciones de competencia justa para las empresas. De este modo, se ha buscado garantizar una remuneración justa, pues según se indica "todas las normas salariales del país de acogida deberán aplicarse a los trabajadores desplazados".

Además, los Estados miembros podrán aplicar convenios colectivos regionales o sectoriales amplios y representativos. Algo que, hasta el momento, solo se hacía en el sector de la construcción.

También se ha persiguido mejorar las condiciones laborales, pues "los gastos de viaje, manutención y alojamiento correrán a cargo del empleador y no podrán descontarse del salario de los trabajadores". Asimismo, los empresarios deberán garantizar que "las condiciones de alojamiento de los desplazados sean dignas y conformes con la legislación nacional".

En cuanto a la duración máxima del desplazamiento, ésta ha quedado fijada en 12 meses, prorrogables en seis meses más. A partir de ese momento, "el trabajador podrá seguir residiendo y trabajando en el Estado miembro en el que esté destinado, pero, además, todas sus condiciones laborales estarán sujetas a las normas del país de acogida".

Por otro lado, la normativa recoge que, en caso de desplazamiento fraudulento, por ejemplo, a través de una empresa buzón, "los Estados miembros deben cooperar para garantizar la protección de los trabajadores, al menos, por las condiciones de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores".

En ésta línea, indica que "los nuevos elementos de la directiva revisada se aplicarán al ámbito del transporte una vez que la legislación sectorial, incluida en elpaquete de movilidad, entre en vigor". Hasta entonces, seguirá aplicándose la versión de 1996 de dicha directiva.

Finalmente, el documento concluye destacando que "los Estados miembros dispondrán de dos años para transponer las normas a su legislación nacional y tendrán que aplicarlas antes de que finalice ese periodo".

En palabras de Elisabeth Morin-Chartier (PPE, Francia), esta votación es un elemento clave de la legislatura 2014-2019 ya que, "refleja la realidad social, económica y política de la UE" y "establece un rumbo claro hacia una Europa más social con una competencia más justa entre las empresas y mejores derechos para los trabajadores". "Al votar a favor de este acuerdo, el Parlamento amplía los derechos de los trabajadores y también garantiza la protección necesaria con respecto a las empresas", ha añadido.

Por su parte, Agnes Jongerius (S&D, Holanda) ha destacado que "se trata de un paso importante hacia la creación de una Europa social que proteja a los trabajadores e impida que las empresas se lancen a una carrera a la baja”.

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