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18/09/2019 A pesar de que en octubre se cumplen dos años del conocido movimiento #MeToo, las cifras de mujeres que no denuncian los abusos sexuales en el trabajo siguen siendo elevadas. En España, el 40% de las mujeres que sufren acoso sexual en el trabajo no toma ninguna medida, según la Guía del Mercado Laboral 2019 de Hays.

Las razones que pueden explicar esto, según Hays, tienen que ver con que son muchas las empresas que aún no tienen un protocolo interno frente al acoso sexual y discriminación por razón de género. Es más, según datos de Inspección de Trabajo, solo una de cada diez empresas lo tiene. Esto provoca que la mayor parte de los casos denunciados en las empresas queden sin castigar: un 57% de los casos, según la Guía del Mercado Laboral 2019 de Hays. 

Para Fernando Calvo, People and Culture Director de Hays, “las empresas tardan en aplicar los protocolos porque las denuncias de abuso no suponen un problema a corto plazo para la cuenta de resultados”. No obstante, el experto añade que “las compañías están mejorando a lo largo de los años. No es común que un directivo utilice chistes o expresiones machistas”.

Según la Ley Orgánica de Igualdad 3/2007, se considera acoso sexual "cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo".

Esta misma ley también obliga a las empresas a crear medidas para resolver casos de acoso sexual.  En concreto, esta normativa insta a las empresas a promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo son algunas de las medidas que se deben establecer en las empresas españolas.

Además, la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación también forman parte de las obligaciones que establece la Ley de Igualdad de 2007. Las sanciones a las empresas por no cumplir dicha normativa oscilan entre los 6.000 euros a los 187.500 euros.

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