Los estudiantes en prácticas cotizarán a la Seguridad Social

10/01/2019 · Antes de concluir 2018, el Gobierno español aprobó un real decreto que incluía una revalorización de las pensiones públicas y una disposición adicional, por la que se obliga a las empresas a incorporar al régimen general de la Seguridad Social a los estudiantes que realizan prácticas, ya sean remuneradas o no.

La aprobación del real decreto 28/2018 y, en concreto, la obligación de que las empresas incluyan al régimen general de la Seguridad Social a sus becarios, ha sido recibida de manera desigual por los distintos colectivos afectados. De esta forma, los jóvenes la han visto como una oportunidad de mejora de sus condiciones laborales, dado que la novedad más importante que trae la norma es la introducción en el sistema de aquellos becarios que no cobran un sueldo.

En este sentido, el diario la Vanguardia  explica que, hasta ahora, las empresas solo debían dar de alta a “aquellos alumnos que sí cobraban algún tipo de retribución económica, tanto si las prácticas formaban parte del plan de estudios como si eran extracurriculares. La diferencia era que las primeras, las obligatorias, estaban bonificadas al 100%.”

Sin embargo, ahora, la nueva disposición “trata igual a todos los tipos de prácticas, sean retribuidas o no, curriculares o no, y no consta ninguna bonificación”, hecho por el cual las universidades y las empresas no comparten el positivismo de los estudiantes, tal y como han expresado desde la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), que describe a la medida como “un grave problema económico difícilmente asumible para las universidades", que puede llevar consigo una "disminución del número de prácticas ofertadas por las empresas e instituciones" a los estudiantes universitarios.

En este sentido, las teorías apuntan hacia un nuevo escenario en el que las prácticas encarecerán el coste global de los estudios, dado que, si al final, el gasto no recae en las empresas (situación que generaría una disminución de la oferta de prácticas), y lo hace en las universidades, la consecuencia inmediata sería el encarecimiento de las titulaciones. Por esta razón, CRUE ha pedido al Gobierno la apertura de una mesa de diálogo para abordar el desarrollo normativo previsto en la disposición adicional incluida en el real decreto.

Asimismo, anticipan al diario que, en dicha reunión, “reclamarían el mantenimiento de la bonificación para las prácticas curriculares remuneradas y su extensión para las prácticas no remuneradas tanto curriculares como extracurriculares”, así como “un nuevo tratamiento para las prácticas de los estudios de formación permanente y el establecimiento de un procedimiento de alta simplificado y automatizado a la Seguridad Social para los estudiantes que realicen prácticas con bonificación, con el objetivo de facilitar la gestión a las universidades y empresas”.

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